El expresidente argentino Fernando de la Rúa (1999-2001) será el principal acusado en un juicio que se inicia el martes por presunto pago de sobornos en 2000 en el Senado para aprobar una reforma laboral, entre cuyos 400 testigos figura la mandataria Cristina Kirchner, entonces legisladora que votó contra la norma.

De la Rúa, de 74 años, llega al juicio procesado por el presunto delito de "cohecho activo agravado y malversación de caudales públicos", que prevé penas de hasta diez años de prisión.

El escándalo llevó a la renuncia al entonces vicepresidente Carlos Alvarez (centroizquierda) y constituyó el detonante de una severa crisis institucional, política y económica, que derivó en la renuncia de De la Rúa a finales de 2001, en medio de una rebelión popular que dejó una treintena de muertos.

Junto a De la Rúa, en el banquillo estarán su jefe de inteligencia, Fernando de Santibañes; el ex ministro de Trabajo Mario Flamarique; el exempleado del Senado, Mario Pontaquarto, quien hizo la denuncia del hecho, además de cuatro exsenadores, todos ellos acusados por el delito de cohecho.

El ex mandatario, actualmente fuera de la política, estaba enrolado en un sector conservador de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (ahora oposición) y la aprobación de aquella ley, que eliminaba derechos laborales, era reclamada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como condición para mantener el apoyo financiero a su gobierno.

La causa ventila el escándalo de las denuncias del arrepentido Pontaquarto, que era secretario parlamentario, y otros testigos por el pago de unos cinco millones de dólares a senadores para que votaran a favor de la norma.

"Primero, puedo asegurar que ningún conocimiento o participación me puede ser atribuido, pero, en segundo lugar, examinada la causa, no existieron (los sobornos)", había dicho De la Rúa. "El hecho no existió. Soy totalmente ajeno a cualquier maniobra irregular", insistió.

Unos 400 testigos desfilarán por los tribunales de la capital argentina durante el juicio oral, cuya extensión se estima en unos seis meses.

La presidenta Kirchner, entonces senadora que votó contra la llamada ley de flexibilización laboral, declarará por escrito, y también comparecerán como testigos los expresidentes Adolfo Rodríguez Sá (2001) y Eduardo Duhalde (2002-2003), todos ellos miembros de la bancada peronista, en aquel momento de oposición.

Otro testigo será el titular de la central obrera CGT, Hugo Moyano, quien había denunciado que el exministro Flamarique le comentó que "para los senadores tengo la Banelco" (una tarjeta de débito), para vencer la resistencia que había en el Senado para la votación de la ley exigida por el FMI.

En su confesión, Pontaquarto admitió haber sido quien llevó las maletas con el dinero para el supuesto pago de sobornos desde la sede de la SIDE (Secretaría de Informaciones del Estado, inteligencia), entonces a cargo de De Santibáñes, hasta el Congreso.

El primero en ser indagado por el tribunal será Pontaquarto y luego De la Rúa, sin precisarse la fecha, aunque ambos pueden acogerse al derecho de negarse a declarar o bien hacerlo más adelante.