En total eran 79 parlamentarios que estaban siendo investigados preliminarmente por participar en la votación de la Reforma a la Justicia.

La decisión fue tomada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien argumentó que no había suficientes pruebas para demostrar que los legisladores incurrieron en un prevaricato por acción y omisión.

En la determinación, la Corte indicó que a pesar que los congresistas tienen procesos pendientes, ya sean preliminares, formales o por pérdida de investidura, no hay pruebas que evidencien una violación a los parámetros del Congreso de la República.