Los parlamentarios eran investigados por presuntamente archivar el proyecto de reforma a la ley 100 de la salud, a cambio de prebendas.

Considerando la inexistencia de pruebas suficientes para abrir un proceso formal, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió archivar la investigación que se adelantaba en bloque contra 13 representantes a la Cámara, por supuesta corrupción administrativa.

Los congresistas presuntamente habían recibido prebendas por parte de Empresas Prestadoras de Salud por archivar el proyecto de reforma a la ley 100, la cual ordena jurídicamente el recientemente entredicho sistema de salud nacional.

En su momento los parlamentarios, quienes integraron la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes entre 2005 y 2006, habían sido denunciados por Carlos Tulio Trujillo, quien los señaló de haber recibido un viaje a España totalmente pagado por Saludcoop y Coomeva, dos empresas interesadas en la reprobación del proyecto.

Los congresistas favorecidos por la decisión judicial son Cesar Augusto Andrade Moreno, Héctor Arango Ángel, Juana de Dios Alfonso García, Pompilio Avendaño Lopera, Edgar Fandiño Cantillo, Pedro Antonio Jiménez Salazar, Héctor Alfonso Rodríguez García, Venus Albeiro Silva Gómez, Manuel enrique Rosero, Oscar Darío Pérez Pineda y María Isabel Urrutia, así como de los ex senadores Gabriel Ignacio Zapata y Luis Alfredo Ramos.