Una amplia zona integrada por Arbeláez, Fusagasugá, Pasca y San Bernardo cuenta con tres bloques de hidrocarburos que buscan ser explotados. La ciudadanía se opone y a través de la consulta popular se pretende evitar.
___________________________
Este domingo, 9.000 habitantes del municipio de Arbeláez, en Cundinamarca, saldrán a las urnas para votar si se continúan o no las labores de exploración y explotación petrolera en una amplia región de esta zona del país y que a juicio de los promotores del No afecta el suministro de agua necesaria para la agricultura.
Particularmente en este caso los pobladores quieren mostrar que no están de acuerdo con las actividades petroleras en uno de los municipios que hace parte de la región del Sumapaz en Cundinamarca.
Luis Jaime Ortiz, integrante del Comité por el No, explicó que su municipio tiene dos bloques petroleros y uno de gas, de manera que con este mecanismo de participación popular lo que se pretende es "poner las cosas al derecho, permitiendo que los ciudadanos ejerzan su derecho a decidir sobre su territorio”. "La consulta es vinculante y si gana el No, las empresas no entran".
A juicio de Ortiz, el Gobierno ha sido permisivo con las multinacionales que buscan extraer petróleo como Alange Energy, filial de Pacific Rubiales, y Canacol Energy que pretenden desarrollar un megaproyecto extractivista en la región del Sumapaz. En ese sentido denuncian que de 24 mesas que usualmente se usan para las votaciones en el municipio, para la consulta popular solo se permitirán 10 mesas para que voten cerca de 9 mil personas.
"Eso quiere decir que serán 900 personas por mesa, así que tocará hacer filas. Como reclamamos, en vez de 9, van a instalarse 10 mesas. Les hemos advertido a las personas para defender el agua, hay que madrugar", expresa el ambientalista.
Son 3.600 personas las que deberán responder la pregunta de la consulta para que esta sea válida, y así blindar su territorio de la actividad de hidrocarburos en el bloque Cor adjudicado en 2010 a la empresa Australian Drilling Associates, y el bloque Cor 33, dado a Alange Energy.
Visión empresarial
Los ingenieros de petróleo agremiados en Acipet presentaron una tutela para frenar esta consulta y amparar los derechos sociales y laborales de los ingenieros de petróleos colombianos.
A juicio del gremio, la ola de Consultas Populares en contra de los hidrocarburos en varios municipios del país, surge del desconocimiento de las bondades de la industria y de cómo es posible desarrollar la misma en forma sostenible desde el punto de vista social, ambiental y técnico, circunstancia comprensible en regiones que hasta ahora se topan con la posibilidad de tener su subsuelo bendecido por tan apreciable riqueza.
“Qué bonito sería que de hallarse importantes reservas de gas o petróleo en la región, los hoy jóvenes de las zonas de influencia en formación escolar y ad portas de finalizar el bachillerato, una vez profesionalizados en todas las diversas disciplinas que involucran la industria de petróleo y gas, estén jugando un papel preponderante en las decisiones técnicas, operativas, medioambientales y gerenciales de la actividad hidrocarburífera local y nacional, a la vuelta de escasos dos lustros”, expresó el ingeniero Julio César Vera Díaz, presidente de Acipet.
Petroleros
El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco José Lloreda Mera, señaló que el proceso de consultas populares “está siendo utilizado de manera inapropiada” y hay intereses políticos detrás.
Así mismo, teniendo en cuenta que el país tiene 5 años de reservas probadas de petróleo, Lloreda afirmó que “la industria petrolera está seriamente amenazada” porque la única forma de evitar esa caída es explorando y las consultas populares aumentan la incertidumbre jurídica.
Lloreda solicitó al Gobierno nacional crear un diálogo con las altas Cortes y el Congreso para que haya una definición clara en materia de hidrocarburos y el alcance de las consultas en actividades estratégicas. Así mismo invitó al Gobierno a liderar un diálogo con los gobernadores y alcaldes de los municipios donde se realizan actividades de exploración y producción.
Antecedentes
Hace un mes en Cumaral, Meta, los ciudadanos a través de una consulta popular, determinaron prohibir la explotación petrolera en esa región de los Llanos Orientales.
Igualmente en marzo en Cajamarca, la población a través de este mecanismo evitó la explotación de la mina La Colosa por parte de Anglo Gold Ashanti.
En Cumaral el Sí perdió con 183 votos, entre un total de 7.703 personas que salieron a participar en la consulta de Cumaral.
En ese municipio, al norte de Villavicencio, la empresa interesada en desarrollar proyectos de hidrocarburos es la Sociedad Mansarovar Energy Ltda., con orígenes de India y China. Los voceros aseguran cumplir con todos los requisitos legales y ambientales para trabajar en Cumaral.
“Son 3.600 personas las que deberán responder la pregunta de la consulta para que esta sea válida, y así blindar su territorio de la actividad de hidrocarburos”
La industria de los hidrocarburos cumple 100 años en Colombia, mientras que la industria de la minería que se inició con la sed de los Conquistadores por nuestro oro, lleva más de 500 años. El conocimiento acumulado a lo largo de esta historia, se recoge en la normatividad regulatoria y técnica, nacional e internacional, masa enciclopédica denominada genéricamente como las “buenas prácticas de la industria”. Y este acervo se alimenta, mejora y desarrolla día a día, incorporando nuevos saberes, nuevos procedimientos, más evolucionadas herramientas y en liga íntima con ellos, mayor productividad, mejores recursos de sostenibilidad ambiental y de relacionamiento con las comunidades.
Si el POT de un determinado municipio contempló prohibición de la minería a gran escala, esta prohibición no se extiende a los hidrocarburos, por cuanto ambas industrias son diferentes, tienen regulación y buenas prácticas especializadas pero igualmente diferentes y ellas coinciden apenas en que ambos materiales se clasifican como recursos naturales no renovables.
Los contratos para exploración y producción de hidrocarburos son suscritos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, mientras que los contratos de minería los suscribe la Agencia Nacional de Minería, ANM, ambas entidades del Gobierno Central especializadas en sus respectivos campos. Por lo tanto, si en una determinada jurisdicción se ejecutan actividades derivadas de contratos de exploración y explotación de petróleo, los habitantes no pueden esperar que con ellos se ejecuten trabajos de minería a gran escala. Del mismo modo, si los contratos que se ejecutan son de minería, los habitantes no pueden esperar actividades de exploración y explotación de petróleo.
Síganos en nuestras redes sociales: