De un lado, una de las iniciativas busca facilitar el acceso a la información, comunicaciones, conocimiento y a las TIC, personas ciegas o con baja visión.

De acuerdo con el ponente Carlos Ferro Solanilla, del Partido de la U  “se quiere dar la oportunidad a las personas discapacitadas visualmente a que puedan obtener, procesar, seleccionar, sistematizar, difundir y usar la información, de forma libre e independiente”.

"De esta manera estaremos erradicando la discriminación, es deber de todos los organismos y entidades estatales proporcionar a las personas ciegas y con baja visión, en formatos, modos y medios accesibles, la misma información que se proporciona a los demás habitantes en Colombia", agregó el senador.

Por su parte la viceministra de las TICS (Tecnología de la Información) María Carolina Hoyos, "estamos buscamos un país más justo y moderno, trabajamos para que la población discapacitada tenga derecho a la igualdad, mediante el acceso a la información."

De otro lado, también fue aprobado el proyecto de ley que facilita a los pensionados acceder a los servicios de recreación, deporte y cultura ofrecidos por las cajas de compensación familiar; para ser beneficiado los pensionados solo deberán presentar la documentación que los acredite como tales, incluyendo a su cónyuge compañera o compañero permanente, sin que se haga necesario el pago de cotización alguna.

Asimismo fue aprobada la iniciativa relacionada con el mecanismo para fijar el porcentaje del salario mínimo, según lo expuesto por el senador Fernando Tamayo, del Partido Conservador, "se propone adoptar que el ajuste del salario mínimo para cada periodo anual no esté por debajo del índice de precio al consumidor IPC".

Por su parte, el senador Juan Lozano, de U, solicitó que para hacer el cálculo del salario mínimo se referencie el índice de inflación de los estratos bajos "el costo de la canasta familiar en estratos bajos y altos no es el mismo para el uso de estos ingresos" afirmó el parlamentario.

Establecer las condiciones mínimas para la habilitación y el funcionamiento de los Centros o Instituciones que prestan servicios de atención a la persona mayor, para contribuir a garantizar los principios constitucionales y los derechos fundamentales a una vida digna, sin discriminación de tipo social, religioso, cultural, étnico o racial, es el objeto del proyecto aprobado en segundo debate.

La iniciativa obliga al Estado a implementar las políticas necesarias para garantizar el cumplimiento de los estándares de eficiencia, eficacia y seguridad del servicio prestado por los Centros de Protección y/o Protección Social a la persona mayor del país.

Los cuatro proyectos aprobados continuarán su trámite legislativo en la Cámara de Representantes.