Plenaria de Cámara dio visto bueno a prohibición de la creación, promoción, organización y financiación de grupos civiles armados.

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La creación, promoción, organización y financiación, entre otros, de grupos civiles armados quedó prohibida a través de la reforma constitucional aprobada por la plenaria de la Cámara con 90 votos a favor y 13 en contra.

Se trata del proyecto de acto legislativo número 15 de 2017 Cámara – 04 de 2017 Senado, “por medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado”, radicado el 4 de abril por el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y presentado en último debate con ponencia positiva del representante por Bogotá, Germán Navas, del Polo Democrático. La ponencia en el Senado estuvo a cargo de Alexánder López, del Polo Democrático.

La iniciativa pasa ahora a conciliación para armonizar los textos diferentes aprobados en el Senado y en la Cámara.

A propósito de la prohibición de la conformación de grupos armados de civiles, que fue enfocado principalmente en la prohibición del paramilitarismo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó que lo que se pretende con esta norma es elevar "al nivel constitucional las garantías de no repetición, lo que no significa que, en el pasado, se hubieran permitido".

Rivera precisó que este “es un proyecto de reforma constitucional que reivindica el monopolio de las armas y de las fuerzas en manos del Estado y, a su vez, prohíbe la conformación, apoyo, financiación, a cualquier clase de grupo civil armado al margen de la ley”.

El ministro destacó que la aprobación de esta iniciativa, por parte de la plenaria de la Cámara, “es un asunto muy positivo acorde con el propósito de brindarles garantías de no repetición a las víctimas”.

Este acto legislativo, que será conciliado en Cámara y  Senado y forma parte del procedimiento legislativo especial, también conocido como ‘fast track’, contribuye al aseguramiento del monopolio legítimo de la fuerza y uso de armas por parte del Estado, y prohíbe la creación, promoción, instigación, instrucción, encubrimiento, favorecimiento, financiación o empleo oficial o privado de grupos civiles armados organizados, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas.

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