Aunque la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá aprobó promover la instalación, construcción, equipamiento, operación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de baños en el espacio público, en 1995, el concejal Francisco Noguera Rocha fue autor de un proyecto con el mismo fin, pero las diferentes administraciones no lo pusieron a funcionar.

Pero debido al nuevo Código de Policía, las bancadas de la Alianza Verde, Polo Democrático, Partido de La U y Opción Ciudadana lograron que la corporación capitalina aprobara el proyecto que contribuye al bienestar y la calidad de vida de todos los ciudadanos que transitan dentro del territorio capitalino. “Bogotá dejará de ser un baño a cielo abierto porque orinar en el espacio público es un problema de cultura ciudadana y de la escasez de baterías sanitarias que vamos a resolver”, indicó el cabildante Jorge Torres, autor del Proyecto.

Igualmente, Juan Felipe Grillo, cabildante ponente del Proyecto, resaltó que se debe atender la problemática ambiental en el territorio, “es increíble que exista un baño por cada 70.619 habitantes, actualmente hay 113 baños en toda la ciudad”, sostuvo el Concejal del Partido Cambio Radical.

Sin embargo, el concejal Julián López, ponente también de este Proyecto, señaló que esta iniciativa tiene un impacto fiscal, y no es dable imponerle órdenes a la Administración Distrital en razón a que se estaría desconociendo el principio de autonomía administrativa, este argumento también fue apoyado por el cabildante Antonio Sanguino.

Los concejales Armando Gutiérrez, Lucía Bastidas, María Victoria Vargas, Álvaro Argote, Emel Rojas y María Clara Name indicaron que estos elementos ya existen en el Plan de Desarrollo.

Para Torres los baños no son solo una urgencia para la ciudadanía sino que hay una serie de normas y sentencias judiciales que se están incumpliendo y por lo mismo ya se deben adoptar las medidas correspondientes para impulsar esta iniciativa. “En Bogotá tenemos baños a cielo abierto por todos lados. Tenemos un espacio público que se ha convertido en un baño maloliente, que es prácticamente un muladar en diferentes esquinas y rincones de la ciudad. Aquí se ve comprometido el espacio público y el patrimonio de los bogotanos”.

La grave situación de higiene que se presenta en diversas zonas de Bogotá, con una crítica presencia de olores nauseabundos, resultó determinante para que Torres comenzara su labor desde un debate de control político a finales de 2016.

Estas zonas caracterizadas por el desaseo no solo afectan la parte estética de la ciudad sino que ponen en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos “como a la vida por su conexidad a la salud, al saneamiento básico, al acceso a la infraestructura de servicios para la salud pública, al derecho a un espacio público íntegro y a un ambiente sano”, afirmó el Concejal.

La aprobación de este Proyecto de Acuerdo tiene como antecedente el incumplimiento de un acuerdo que avaló el Concejo, el 260 del año 2006, el cual determinaba proveer de baños públicos a la ciudad de Bogotá, pero dicha decisión fue desconocida por las Administraciones que han pasado desde ese tiempo siendo una de las dificultades el que las competencias de las entidades distritales no fueron aclaradas formalmente.

Ahora, el Proyecto aprobado determina que la Secretaría Distrital de Ambiente, en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud, hagan seguimiento al cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias y ambientales.

“En el año 2005 un ciudadano entabló una acción popular que fue fallada favorablemente en el año 2008 y en agosto de 2011 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la falló en segunda instancia ordenando que se construyera el número suficientes de baños públicos en la ciudad de Bogotá para la cual se contaría con seis meses para esos efectos. Pero esto tampoco se cumplió”, reclamó el concejal Torres.

El fallo al que hace referencia el coautor de la iniciativa especifica que se construyan no solo baterías sanitarias sino también lavamanos pero “esto se quedó en el papel. Es decir, se desconoció un Acuerdo, una acción popular y una sentencia judicial y por tales razones nos vimos en la necesidad de entablar un incidente de desacato que actualmente lo evalúa un juez”.