La aprobación a la presidenta Michelle Bachelet cayó en picada en el último mes, situándose entre 38% y 42% según sondeos conocidos el miércoles, su piso desde que asumió en marzo, en medio de un complicado programa de reformas.

Dos sondeos, de la privada encuestadora Adimark, y del Centro de Estudios Públicos (CEP), publicados el miércoles, mostraron una sostenida baja en el respaldo a la mandataria socialista que asumió un segundo periodo presidencial el pasado 11 de marzo.

El sondeo de Adimark le otorgó un respaldo de 42%, una caída de tres puntos porcentuales respecto a octubre. La desaprobación, en tanto, llegó al 52%, es decir, 10 puntos por arriba de la aprobación a su gestión.

El sondeo del CEP, el más reputado del país, constató por su parte una caída de 12 puntos de respaldo frente a la última medición de agosto, alcanzando un aprobación de 38%. La desaprobación, en tanto, llegó a 43%, un salto de 14 puntos frente a la anterior medición.

De acuerdo al CEP, el actual nivel de aprobación y desaprobación de Bachelet "coincide con el peor momento de su primer mandato", entre 2006 y 2010, según dijo Ricardo González, coordinador del área de opinión pública del CEP.

Bachelet, pediatra de profesión, se impuso en segunda vuelta presidencial con 63% de los votos, asumiendo su segundo mandato bajo la promesa de poner en marcha una ambiciosa reforma educacional para acabar con el modelo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Como primer paso, su gobierno aprobó una reforma tributaria que recaudará unos 8.300 millones de dólares anuales, para financiar la promesa de Bachelet de instaurar educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles.

Pero la tramitación de la reforma tributaria fue más turbulenta de lo esperado, con amplios sectores del empresariado y la derecha opuestas a ella. 

La reforma educacional, de la cual Bachelet ha enviado hasta ahora sólo algunos proyectos de ley, transita un camino similar: padres, estudiantes y la derecha opositora rechazan los cambios anunciados por el gobierno, que se comprometió a sacar adelante la primera parte de la reforma antes del 31 de enero.