Una serie de medidas adoptó la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRT) ante las deficiencias en la prestación del servicio de telefonía móvil. Concretamente buscan reducir los indicadores de llamadas caídas y  el de intentos de llamadas no exitosas.

Para tal fin la entidad aprobó una resolución que establece a los operadores de telefonía celular unas metas a cumplir el próximo año. En ese sentido la medida fija que el indicador de las llamadas caídas debe pasar del 3% en que se encuentra en este momento al 2%. En tanto que el indicador de intentos de llamadas no exitosas debe bajar del 6% al 3%.

La CRCestableció cómo están los porcentajes de llamadas caídas y llamadas no exitosas de acuerdo a la información periódica que las empresas de telefonía celular le hacen llegar.

Sin embargo, la CRC busca tener una información más actualizada de la prestación del servicio en el país, por lo que dicha resolución estableció que el informe sobre calidad de telefonía celular debe entregarse ahora de forma mensual, discriminado por cada una de los departamentos y sus respectivas capitales en donde ofrece el servicio.

Claro está que en el caso de las capitales que tienen más de 500 mil habitantes, este informe sobre la calidad en la prestación del servicio debe discriminarse incluso por localidad o divisiones administrativas que tenga la ciudad.

Igualmente, la CRT prepara una resolución para que el operador compense al usuario en caso de que la llamada se caiga 3, 4 o 5 veces. Se analiza si esta compensación se debe dar por la vía de la reducción en el valor de la factura o concediendo minutos adicionales al usuario.

El sábado anterior el presidente Santos mostró su preocupación por la calidad en la prestación del servicio de telefonía móvil. “La calidad cada vez es peor y vamos a corregir eso porque si los concesionarios quieren tener sus concesiones tienen que responderle a los usuarios con servicios de buena calidad”.

Plan estratégico

Igualmente en el Plan Estratégico de la Comisión de Regulación de Comunicaciones  para el periodo 2010 – 2014 se tiene previsto una serie de medidas en aras de mejorar la calidad en la prestación del servicio.

En ese sentido se prevé desarrollar normas claras para garantizar los derechos de los usuarios, la calidad en la prestación de los servicios de comunicaciones y promover su conocimiento.

En el caso de la vigencia de las tarjetas prepago de la telefonía la CRC ha venido analizando los perfiles de consumo de los usuarios y la manera como sus necesidades se están viendo satisfechas por parte de los proveedores.

Al respecto señala el organismo que para proteger los derechos de los usuarios de tarjetas prepago, la CRC ha dirigido sus esfuerzos a imponer medidas regulatorias relacionadas con la información sobre la vigencia de las tarjetas, incluido el número de atención gratuito, y representando uno de los mayores logros la obligación de trasladar el saldo de los minutos no consumidos a la siguiente recarga.

Teniendo en cuenta que existe una gran proporción de usuarios prepago que afirma que deja saldos sin consumir (34% de acuerdo con la encuesta de tasación usuarios telefonía móvil), la CRC ha desarrollado un proyecto regulatorio con el fin de establecer un periodo de vigencia de las recargas del servicio prepago móvil con el fin de otorgar una herramienta al usuario que le permita aprovechar el saldo de sus recargas. El proyecto será presentado para aprobación de la sesión de Comisión del mes de noviembre del presente año.

En cuanto al mercado Mensajes Cortos de Texto (SMS) se está verificando que los proveedores de redes y servicio de telecomunicaciones móviles efectivamente hayan trasladado a los usuarios y a otros proveedores que hacen uso de sus redes para la provisión para la prestación de servicios a terceros los beneficios de la reducción de cargos de acceso para terminación de mensajes cortos de texto.

Finalmente como parte de los proyectos y actividades regulatorias 2013, la CRC tiene previsto la firma y divulgación del Código de Buenas Prácticas así como la socialización y seguimiento en la adopción del mismo por parte de los entes territoriales y las autoridades gubernamentales en los diferentes niveles del Estado.