Castigar a los violadores y abusadores de niños hasta con cadena perpetua propondrá nuevamente al país el Partido Social de Unidad Nacional (La U). La colectividad buscará el respaldo del presidente Santos para que su gobierno impulse un referendo por medio del cual se consulte a los colombianos si comparten o no esta drástica medida.

La iniciativa surgió ayer durante el encuentro que adelanta la colectividad en Cartagena y en el que define su estrategia frente a la coyuntura política y las elecciones del próximo año, y fue lanzada por la hija de la fallecida exsenadora Gilma Jiménez, Johanna Salamanca, siendo acogida por las directivas del Partido de La U.

El presidente saliente de la colectividad, Sergio Díaz-Granados, dijo que “acordamos unánimemente pedirle al Gobierno que presente el proyecto de ley de convocatoria a un referendo para que sean los ciudadanos los que se pronuncien sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños".

Díaz-Granados dijo que "ese es un claro respaldo a quien fue una de nuestras candidatas al Senado, Johanna, hija de Gilma Jiménez, una verdadera defensora de los derechos de los niños”.

El dirigente político dijo que de esta forma se quiere apoyar “el legado de Gilma Jiménez” y la labor de su hija en la lucha por los derechos de los niños. “Es una tarea en la que vamos a insistir”.

Por otra parte, la representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, Martha Villalba Hodwalker, quien es vocera de la Comisión de Mujeres del Partido de La U, dijo que “hemos decidido impulsar este referendo para proteger a nuestros hijos de los violadores, definitivamente ellos deben ser sancionados de manera ejemplar. Vamos a motivar al Gobierno para que presente la iniciativa, que es muy importante”.

Frente al creciente abuso de los niños y menores de edad por parte de personas adultas, el país ha respondido con el endurecimiento de las penas en los diferentes tipos penales, además de que se eliminaron todo tipo de beneficios que redunden en la disminución de la pena. Sin embargo, la sensación que queda en la sociedad ante la creciente ola de violencia y abusos es que la justicia hace poco.

Casos como el que se conoció hace pocos días de una niña en Cali que era utilizada por su propio padre como mula, lo que se descubrió cuando fue llevada por éste a un hospital en grave estado tras hacerle consumir 104 cápsulas llenas de droga, toca la fibras de la sensibilidad de un país que ve cómo sus niños son las principales víctimas.

Intento fallido

El referendo para castigar con cadena perpetua a los abusadores de niños fue promovido en 2008 por la entonces concejala de Bogotá, Gilma Jiménez, y los entonces representantes a la Cámara, Simón Gaviria y David Luna, luego de que en el Congreso se hundiera por cuarta vez un proyecto de reforma constitucional en ese sentido.

Posteriormente, Jiménez ya como senadora del Partido Verde asumió la causa como propia y logró conseguir más de 1 millón 700 mil firmas como lo exige la ley para tramitar en el Congreso un proyecto de ley  por medio del cual se convocara el referendo sobre la cadena perpetua.

Sin embargo, en septiembre de 2011 la Comisión Primera de la Cámara hundió con 14 votos en contra y 10 a favor, la iniciativa de referendo para condenar a cadena perpetua a los violadores y asesinos de menores de edad.

Luego de la crítica a la iniciativa por parte de la entonces fiscal Viviane Morales, la opinión frente al tema se dividió y muchos de los sectores cambiaron su posición, aclarando que sí era necesario considerar a los violadores como enfermos y no necesariamente como delincuentes.

En esa oportunidad, Jiménez no dio su brazo a torcer y anunció que “se equivocaron si pensaron que terminaba este esfuerzo. Ya no está en manos del Congreso el referendo, sino que ahora gracias a la misma ley de participación, el pueblo será quien directamente decida convocar al referendo”.

En ese sentido Jiménez elevó una consulta ante el registrador Carlos Ariel Sánchez, en la cual solicitó indicar cuántas firmas más “debemos remitir y a partir de qué fecha corren los seis meses que señala la Ley 134 para realizar la convocatoria directa del Referendo de iniciativa popular señalado”. Ya esta iniciativa de referendo contaba con 1.734.635 firmas que permitieron que fuera presentada al Congreso.

Sin embargo, el Registrador Nacional, acogiendo un concepto que previamente entregó el Consejo Nacional Electoral sobre este asunto, señaló que “no es posible convocar directamente dicho referendo ya que los referendos que buscan modificar la Constitución Política deben ser convocados mediante ley aprobada por el Congreso de la República, a diferencia de los referendos que modifiquen leyes ordinarias”.