El magistrado Julio Estrada integra la lista de elegibles a reemplazar al magistrado Humberto Sierra, por lo que fue denunciado por conflicto de intereses.

Julio Estrada integra la Sala de cinco magistrados que tendrá que decidir la demanda a la norma que permite a congresistas y magistrados pensionarse con el 75% del sueldo del último año de servicios.

La Corte Constitucional iba a definir si acepta la demanda contra las altas pensiones con que se han jubilado algunos magistrados y congresistas y si los montos, que en varios casos superan los 25 salarios mínimos legales, se ajustan a lo establecido por la ley.

 El tema, que ha causado ampolla en varios de los beneficiados, se enfoca en que las jubilaciones de dichos funcionarios son tres veces más caras para el Estado que una jubilación normal, costándole 12 mil millones de pesos.

El punto radica en la demanda interpuesta contra el Artículo 17 de la Ley 4 de 1992 que establece que la pensión tiene que ser calculada sobre el sueldo más alto en el último año.

Para los demandantes, Germán Calderón y Dionisio Araujo, esto viola el tope legal impuesto que son 25 salarios mínimos legales vigentes (SMLV), uno 14,7 millones de pesos.

Según se ha informado, la decisión tendrá que ser tomada por los magistrados Mauricio González Cuervo, Jorge Ignacio Pretelt (ponente), Alexei Julio Estrada, Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Eduardo Mendoza, puesto que sus pares: María Victoria Calle, Nilson Pinilla, Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva, se declararon impedidos durante la audiencia de la semana pasada.

En caso de que dichos magistrados no lleguen a un acuerdo será nombrado un grupo de conjueces para que analice en una nueva reunión, sin precisarse si será hoy mismo, y que antes del 4 de febrero tome la decisión definitiva.

Los argumentos

Precisamente, en dicho encuentro las partes fueron escuchadas y uno de los que más causó revuelo fue el del procurador, Alejando Ordóñez, al defender a capa y espada lo ya liquidado en cuanto a jubilación se refiere.

“Las pensiones ya causadas tienen protección del ordenamiento jurídico pues son derechos adquiridos”, comentó haciendo alusión al Acto Legislativo 01 de 2005.

En dicha audiencia, la contralora Sandra Morelli también afirmó que el trabajo de la Corte “será muy sano y útil y ayudará a definir la vigencia de los regímenes pensionales. Situaciones jurídicas consolidadas y derechos adquiridos (Art. 48 de la Constitución) los cuales están allí, pueden implicar un impacto alto, pero están allí y son reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico”.

Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas Rincón, sostuvo en una entrevista que está convencido de que “es cierto, esas pensiones (las de los congresistas y magistrados en marcados en el régimen especial) son superiores a muchas porque sus beneficiarios, sus destinatarios, son las personas más representativas del Estado colombiano: los padres de la patria, representantes, senadores y magistrados de Cortes. Estoy seguro de que el 99% de esas pensiones están reconocidas con apego a la ley. Y con ello no estoy queriendo decir que no haya casos excepcionales”.

A su turno, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, denunció que tales pensiones son efectivamente más caras para el Estado que una jubilación normal.

Así lo publicó EL NUEVO SIGLO la semana pasada cuando el jefe de la cartera hizo un comparativo para ilustrar la complejidad del tema.

Una pensión de 25 salarios mínimos en el Sistema General de Pensiones “tiene un subsidio por parte del Estado de 900 millones de pesos. En el esquema de liquidar la pensión con el 75% del último salario, el subsidio sube a 3 mil millones de pesos por lo que el Estado termina pagando 2.100 millones de pesos adicionales”.

Momentos después, el director del Fondo de Pensiones del Congreso, Francisco Ramírez, afirmó que actualmente hay 2.360 legisladores pensionados y de ellos, “más de 600 superan los 25 salarios mínimos legales vigentes”.

Aclaró que la nómina de los congresistas varían y algunos, como los más antiguos “tienen pensiones de 17 millones 018 mil pesos” y, de acuerdo a los informes presentados, “nosotros en este momento manejamos 626 pensiones que superan los 25 salarios mínimos”.