La falta de consultas previas con las comunidades relacionadas con la minería es el principal motivo por el cual fue aplazada por un semestre la presentación de la reforma al Código Minero, informó el ministro del Interior Germán Vargas Lleras durante su participación en la Convención Minera Nacional ayer en Bogotá.

“El Ministerio ha expresado eventualmente llevar a consideración de las cámaras algunos ajustes normativos, pero la decisión de que en este semestre ingrese al Congreso el nuevo Código Minero estará aplazada”, explicó.

Sin embargo, el tema no se quedó ahí, porque el funcionario manifestó su intención de promover una política de diálogo entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores mineros para evitar que las protestas por las inconformidades laborales o sociales se conviertan en vías de hecho, como ha ocurrido en los últimos meses en algunas regiones del país.

Alianzas para la Prosperidad es el nombre del programa a través del cual van a iniciar el proceso de diálogo con las partes involucradas. “Aspiramos a mejorar las relaciones laborales, la adquisición de bienes y servicios, la sostenibilidad ambiental, el estado de la infraestructura vial y la ejecución de políticas de responsabilidad social empresarial”, dijo el Ministro. Se espera que el departamento de Casanare sea en el que se adelante el plan piloto de esta política, sin dejar de lado que el propósito se extienda a otras regiones del país.

Además el Ministro agregó que la intención principal del programa será llegar a acuerdos y compromisos con la comunidad para que definan las responsabilidades que debe tener cada sector involucrado en minería, e hizo énfasis en la responsabilidad que ha adoptado el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, para garantizar que se cumplan los compromisos a través de un protocolo de gestión con metas claras e indicadores concretos.

Durante su intervención, Vargas Lleras habló de los avances que ha tenido el Gobierno frente a la minería: “Junto con estos esfuerzos en terreno, hemos conformado un observatorio nacional de seguimiento a la afectación del orden público relacionada con hechos de protesta social, soportada en un mapa de riesgos donde las zonas de producción minera tienen un peso significativo como factor de afectación del orden público, acompañado de un sistema de alertas que nos permite actuar coordinadamente con las autoridades locales y las entidades del Gobierno Nacional”.

En el desarrollo de la Convención, el ministro de Minas y Energía Mauricio Cárdenas le pidió al Ministro del Interior dar celeridad a los procesos de consulta previa para que estas puedan iniciar hoy con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. “Esta consulta previa es fundamental, es un paso esencial en el desarrollo del sector minero, pero no puede haber demoras”, reclamó Cárdenas.

El congresista del Polo Democrático Hernando Hernández se refirió al tema y dijo que hay proyectos que están generando problemas económicos, sociales y ambientales a comunidades étnicas, afrodescendientes y campesinas porque los están imponiendo sin consultarles, y considera que “lo que hace falta es una ley democrática que tenga en cuenta y que respete las leyes de las comunidades”.

No es el primer proyecto aplazado

Parece que la consulta previa a las comunidades a la hora de desarrollar obras de alto impacto es muy importante, pero a pesar de esa importancia este trámite no ha sido tenido en cuenta últimamente. Durante el 2009 la Corte Constitucional tumbó el Estatuto de Desarrollo Rural y también la Ley Forestal, y en el 2010 el mismo ente declaró inexequible el inciso octavo del artículo dos del Acto Legislativo 01 de la Reforma Política del 2009. La Corte argumentó que no habían hecho consultas previas a las comunidades étnicas.

“La Sala Plena no observó evidencia de la realización de una consulta a las comunidades étnicas concernidas directamente, antes o durante el trámite (…) Además la Corte solicitó al Presidente del Congreso información al respecto, y este tampoco aportó prueba de la realización de la consulta previa”, expuso la Corte Constitucional en uno de sus fallos.