El Procurador general, Alejandro Ordoñez criticó la decisión del Presidente Santos de prohibir de forma indefinida los bombardeos contra las Farc, a pesar de que el grupo terrorista declaró en principio un cese unilateral hasta el 20 de agosto de 2015, que podría prorrogarse hasta el mes de noviembre.

Ordoñez afirma que “se repite la historia que terminó con la masacre de 11 soldados por parte de las Farc en abril pasado. La decisión que en ese momento el Presidente anunció de no realizar operaciones de bombardeo contra las Farc, paralizó en alto grado las acciones de las Fuerzas Armadas y facilitó la preparación de la atroz ola de atentados terroristas ejecutada en los meses siguientes de mayo, junio y julio por parte de ese grupo”.

El jefe del ministerio publico sostuvo que al igual que sucedió con la primera orden de prohibir los bombardeos contra las Farc, “se trata en realidad de un cese bilateral disfrazado, como en su momento lo advirtió la Procuraduría. Ese cese paraliza a la fuerza pública en contra de esa organización armada ilegal y le proporciona un estatus de inmunidad a sus integrantes, al igual que a las acciones criminales que adelantan”.

Así mismo dijo que la prohibición de bombardeos contra las Farc afecta ostensiblemente la capacidad de neutralización de la fuerza pública, poniéndose en riesgo la vida y seguridad de los ciudadanos. El Ministerio de Defensa registra que entre enero y abril de 2015, periodo en el que se hizo efectiva la orden presidencial de suspensión de bombardeos, las desmovilizaciones descendieron 16% respecto al mismo periodo de 2015. Las capturas se redujeron en 28% y los guerrilleros muertos en combate disminuyeron en 56%. Las propias cifras del Gobierno demuestran que no es cierto, como lo sugirió el Presidente, que se perseguirá el delito y se asegurará el cumplimiento de la ley.

Muchas de las zonas campamentarias de las Farc están ubicadas en espacios geográficos donde solo es posible atacarlas con eficacia por medios aéreos. Al prohibir las operaciones beta de bombardeo a las Fuerzas Militares, el Gobierno convierte a los campamentos de las Farc en santuarios de protección de sus miembros y en lugares desde donde se podrá continuar ordenando la realización de actos criminales como el narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento de niños, el tráfico de armas, la minería criminal, el desplazamiento forzado y el asesinato. Por tal razón, no es cierto, como lo sugirió el presidente, que se perseguirá el delito y se asegurará el cumplimiento de la ley.

La Procuraduría afirma que continuará en ejercicio de sus obligaciones constitucionales defendiendo los intereses de la sociedad, el ordenamiento jurídico y los derechos de todos los colombianos.