Antioquia ocupó el primer lugar a nivel nacional en todo lo referente al manejo de las víctimas del conflicto armado, indicó la Gobernación de esta región al atribuirlo a que creó su propio Plan Departamental de Atención, “el cual fue aprobado en todas sus líneas, teniendo en cuenta los hechos victimizantes de cada persona”.

Añadió la Gobernación que para la atención de las víctimas se han unido recursos tanto del Gobierno nacional como el departamental, y además se han conformado las comisiones para llevarlo hasta el territorio.

 Una de las estrategias es que se apoyará a las administraciones municipales para que tengan cada una su presupuesto diferenciado para el tema de víctimas y no ingresen esos recursos al presupuesto global.

Además explicó la Gobernación, “se definieron y se desarrollarán dos estrategias: primero, que el Comité de Justicia Transicional dirija un oficio al Presidente de la República y al Alto Comisionado para la Paz, pidiéndoles que las víctimas del departamento de Antioquia, dejadas por las Farc, sean tenidas en cuenta dentro de los recursos que conforman la bolsa de los bienes entregados por este grupo, con el fin de que efectivamente se restablezcan sus derechos”.

 La segunda estrategia es que luego de los diagnósticos presentados sobre las víctimas en Antioquia, que han arrojado un número cercano a un millón 300 mil (de las cuales unas 600.000 viven en Medellín), “se observa que los años 2015 y 2016 son aquellos de menor registro de víctimas en nuestro territorio. Lo anterior indica que las acciones de orden público y convivencia ciudadana contempladas en el Plan de Desarrollo ‘Antioquia piensa en grande’ han hecho que estas estadísticas bajen”, aseguró.

 Además se analizarán todos los bienes de las Farc que serán objeto de extinción de dominio para llevar a cabo un proceso de formalización de tierras para los campesinos que se registran como víctimas y lograr así restablecer sus derechos.

Se pretende también comenzar un plan retorno desde las ciudades capitales a los municipios que muestran hoy un estado más pacífico. Ya las víctimas se están ocupando de este tema.

Hay que tener en cuenta que Medellín, en general el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Rionegro, son los mayores receptores de desplazados. Sobre el tema se realizará una sesión del Comité Departamental antes de un mes para evaluar los resultados.

En los seis años de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en Antioquia se han indemnizado de forma económica a cerca de 200 mil personas, es decir, casi el 30% de los 700 mil afectados por el conflicto armado que se han reparado a nivel nacional.

El año pasado, casi 12.000 personas alcanzaron la indemnización económica en Antioquia como parte de su reparación integral para ayudarlos a reconstruir proyectos de vida.

De igual manera este año han sido atendidas 10.000 víctimas en Antioquia con la estrategia de la Unidad Móvil de Reparación Integral, en 18 municipios del departamento.

Esta estrategia se desarrolla en articulación con el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, donde se busca orientar a esta población sobre sus trámites y los servicios que estas instituciones pueden brindarle de acuerdo a sus hechos victimizantes.

Varios de estos municipios fueron priorizados por el Gobierno en la etapa de posconflicto, por lo que se beneficiarán de intervenciones y planes para impulsar la inclusión social, la reconstrucción de la infraestructura y las comunidades.

Falta mucho

El pasado 18 de agosto las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y a los Decretos-Ley 4633, 4634, 4635, de 2011, integradas por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y Representantes de las Víctimas, hicieron entrega al Congreso de la República de los informes de seguimiento a la política de atención y reparación integral a víctimas en el país.

Señalaron que “en materia de reparación individual los informes resaltan el escaso avance en la indemnización administrativa de las víctimas, aún falta el 93% de la población víctima por acceder a esta medida, así como de la incipiente aplicación de criterios para darles prioridad a los adultos mayores, a quienes sufren discapacidad por cuenta del conflicto o enfermedades catastróficas”.

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