La Defensoría del Pueblo alerta al Gobierno Nacional y hace un llamado urgente a las autoridades para que se implementen medidas urgentes, extraordinarias y eficaces para garantizar la vida, la seguridad y la integridad personal y psicológica de cinco miembros de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia que han sido objeto de amenazas de muerte en las últimas horas.

Según reporte de la Defensoría Regional Antioquia, los líderes Birleyda Ballesteros Bermúdez, Yolanda Perea, Gener Jhonatan Echeverri Ceballos, Ever Borja y Faryd Alberto Usme Cortes, han recibido mensajes intimidatorios o han sido abordados por hombres armados que les han exigido renunciar a la Mesa Departamental de víctimas y desistir de continuar la defensa de las comunidades a las que representan.

Ballesteros es representante de las mujeres y recibió amenazas vía e-mail en las cuales le ordenan no trabajar más por las víctimas o será asesinada. Perea, quien también representa a las mujeres víctimas de delitos sexuales en la Mesa  Nacional de Victimas también recibió ultimátum de muerte a través de correos.

Echeverri, quien integra el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición de la Mesa, informó que la noche del domingo 15 de diciembre en la puerta de entrada de su residencia una caja con una granada, un sufragio, un pedazo de tela de uniforme militar y un estuche de un arma de fuego.

Borja, quien también hace parte del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición de la Mesa, escapó el pasado 26 de noviembre a un intento de secuestro en el municipio de Chigorodó. Usme, por su parte, reportó haber recibido llamadas amenazantes a su teléfono celular desde  el mes de noviembre anterior, en las cuales le manifiestan que debe de retirarse de la mesa de víctimas y de la vida pública o que de lo contrario sufriría un nuevo desplazamiento o cosas peores.

Las personas amenazadas acudieron en las últimas horas a la Defensoría Regional Antioquia que los acompaña en su trámite ante las autoridades para que reciban la protección debida ante el riesgo en el que se encuentran.

Ante el inminente riesgo de estos líderes de víctimas, la Defensoría del Pueblo alerta a la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior para que analicen los escenarios de riesgo que podrían enfrentar los líderes de víctimas y evalúen de manera urgente las medidas de protección que considere pertinentes.

De igual manera, y ante el inminente riesgo, la Defensoría del Pueblo reiteró la alerta al Gobierno Nacional para que extienda las medidas de protección a los 46 miembros de la recién conformada Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, toda vez que se trata de una población de especial protección por parte del Estado y son la voz de las 5.781.710 de víctimas registradas.