Adelantándose a la decisión del Consejo de Estado respecto a la demanda de nulidad electoral contra los decretos de nombramiento de los directores de Colciencias y de la Superintendencia de Salud, el Gobierno decidió ajustar el Gabinete para cumplir la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000).

Así lo interpretó ayer, a través de un comunicado, el grupo de ONG que interpuso la demanda. El grupo está integrado por la Corporación Sisma Mujer, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y la Red Nacional de Mujeres. La acción judicial fue presentada ante el Consejo de Estado a finales de 2012. El pasado 29 de abril se llevó a cabo la primera audiencia pública en el trámite del proceso, en virtud de la cual se logró probar que mediante el nombramiento, se incumplió la Ley 581 de 2000.

De acuerdo con esta norma, al menos el 30 por ciento de los cargos del máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios del Estado deben ser ocupados por mujeres. Previamente a la decisión, el presidente Juan Manuel Santos “había incumplido sistemáticamente la ley al nombrar varios funcionarios públicos”, indicaron las ONG en el comunicado.

Para el director de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, cuando se radicaron las demandas de nulidad “se evidenciaba  una clara violación de la ley de cuotas por parte de autoridades del Gobierno nacional”, situación que calificó como “grave”, ya que, explicó, “no había ninguna mujer ejerciendo el rol de superintendente en el Gobierno Santos”.

“Las organizaciones demandantes quedan atentas a la notificación oficial y a que el Gobierno tenga en cuenta la Ley de Cuotas al momento de realizar los próximos nombramientos en los altos niveles decisorios del sector público”, precisaron.

La directora de la Red Nacional de Mujeres, Beatriz Quintero, declaró que “nos complace que los esfuerzos de las organizaciones de mujeres, que hemos trabajado por fortalecer la participación de las mujeres en las instancias de poder se estén viendo reflejados y esperamos que de aquí en adelante haya un compromiso real por parte del Estado no solo en el cumplimiento de la Ley de Cuotas, sino en alcanzar la paridad política entre hombres y mujeres”.

Para las ONG, el cambio en las superintendencias coincide con la renuncia del director de Colciencias, aunque para los demandantes no es claro “que esta renuncia se haya debido a la demanda que presentaron contra su elección, a causa del incumplimiento de Ley de Cuotas en los Departamentos Administrativos como Colciencias”.

De acuerdo con la Coordinadora de Investigaciones de Género en Dejusticia, Diana Guzmán, “más allá de una formalidad, cumplir la ley es un garantía de la protección de los derechos de las mujeres, pues en la actualidad, aunque las mujeres tienen mejor preparación que los hombres, siguen sin ser tenidas en cuenta para los máximos cargos públicos”.