Uno de los aspectos más llamativos de la reforma a la estructura del Estado que el Gobierno anunció a finales del año pasado, es, sin duda, que el nuevo énfasis será la lucha contra la pobreza.

Si bien todos los Gobiernos de las últimas décadas en el país han prometido que entre sus prioridades de gestión estará obviamente reducir lo más posible el porcentaje de población que está en los rangos de pobreza extrema e indigencia, para la administración Santos este objetivo apunta a convertirse en una especie de “obsesión” –en palabras del propio Jefe de Estado- y foco principal de toda su gestión.

Aunque cuando se posesionó dijo que reducir los índices de pobreza serían el énfasis de su gobierno, lo cierto es que en la mente de la mayoría de los colombianos ello sonó más a una propuesta discursiva, toda vez que había llegado al poder como director sucesor del uribismo y se pensaba, más aún por la tarea que cumplió como Ministro de Defensa, que la prioridad del Ejecutivo seguiría siendo la seguridad y el orden público, marca distinta y “obsesión” de los dos mandatos del saliente presidente antioqueño.

Es más, cuando se decidió cambiar el rótulo insignia uribista, que no era otro que “Política de Seguridad Democrática” y reemplazarlo ahora por la llamada “Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad”, muchos analistas consideraron que era apenas una cuestión semántica, a través de la cual el gobierno Santos quería marcar su propio terreno y diferenciarse de su antecesor.

Sin embargo, con el correr de los meses han ido quedando claros tres aspectos básicos. En primer lugar, que la situación de conflicto armado hace imposible para cualquier inquilino de la Casa de Nariño ‘devaluar’ la prioridad que tiene la política de seguridad y orden público. Santos, pese a las críticas de Uribe sobre un ‘relajamiento’ de la estrategia, no ha bajado la guardia y, quiérase o no, las bajas de alias Mono Jojoy y la reciente del máximo cabecilla de las Farc, alias Alfonso Cano, evidencian que en materia de resultados, éstos lo acompañan.

En segundo lugar, que aún así es claro que Santos no quiere hacer de la seguridad la ‘marca’ de su gobierno, lo que en modo alguno, se reitera, significa que se vaya a bajar la guardia en la guerra o disminuir presupuestos.

Pero lo que sí quiere hacer la Casa de Nariño es cambiar la bandera y enfocarla hacia el tema social, pero más específicamente a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión de los sectores más vulnerables. Hasta el momento el lema de la “Prosperidad social” se veía más como un eslogan político, mediático y de imagen, pero con lo definido la semana pasada es evidente que la idea es pasar de las palabras a los hechos concretos.

Y como tercer y último punto, que se abortó la posibilidad de que la lucha contra la corrupción, que es sin duda, junto a la violencia y la desigualdad social, uno de los tres flagelos más graves que afronta el país, se convirtiera en el principal énfasis o bandera gubernamental. Es apenas obvio que haber insistido en esta prioridad como eje central de la gestión del Ejecutivo lo único que habría logrado sería un rompimiento más tempranero y drástico con Uribe, pues la mayoría de los escándalos y anomalías vienen de los ocho años en que estuvo en el poder.

Apuesta en grande

El énfasis de la administración Santos quedó, después de la reforma a la estructura del Estado, más claro. De los más de sesenta decretos expedidos con base en el proyecto de ley que le dio facultades extraordinarias al Jefe de Estado para liquidar, crear o modificar entidades, una parte sustancial estuvo enfocada a la reingeniería de todo el sector encargado de la política social.

El nuevo Departamento de la Prosperidad Social quedó investido con tal cantidad de funciones y entidades bajo su cargo, que bien podría considerarse un “superministerio”. Se trata de una institucionalidad integral y jerarquizada dirigida a disminuir la pobreza desde un punto de vista objetivo y estructural, y menos asistencial.

“¡A los pobres no los defraudaremos! Todos, todos los esfuerzos del Gobierno –sin excepción- desde los de seguridad, los económicos y los internacionales, tienen como objetivo final la prosperidad social, y esto implica sacar de la pobreza a millones de colombianos que la sufren… “La pobreza es nuestro principal desafío, el principal reto de nuestra nación”, subrayó Santos al hacer el lanzamiento de la entidad.

Y no se trata de un reto menor. Las cifras oficiales indican que 37 por ciento de los colombianos vive en condiciones de pobreza, lo que significa más de 17 millones de personas. Además, 12,3 por ciento de la población está en la pobreza extrema, lo que equivale a más de 5 millones 600 mil colombianos.

Según Santos, el nuevo organismo tendrá nivel ministerial y contará con el apoyo de otras instituciones, integradas en el Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación. Para la creación del sector tuvieron en cuenta experiencias exitosas como las de Brasil, México y Chile.

El Departamento manejará todo lo relativo a la atención a la población vulnerable y, por lo mismo, tendrá bajo su mando a Acción Social, la Alta Consejería para la Prosperidad Social, el Programa Unidos, la Política de Consolidación Territorial, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, Fondo de Inversiones para la Paz y las instancias que instrumentarán la Ley de Reparación a Víctimas.

Además, Santos se aseguró, desde los primeros nombramientos, de que quienes estén al frente sean más técnicos, de su entera confianza y no dirigentes con algún tipo de ambición política.

Hay, pues, un nuevo énfasis gubernamental, uno tan complejo y con una tarea tan difícil, que sus resultados no serán inmediatos, pero es claro que a medida que los vaya dando, la calidad de vida de millones irá mejorando, la imagen del Gobierno se consolidará aún más … y, claro, quiérase o no, de paso aumentará la posibilidad de reelección presidencial.