La Contraloría Generalpracticó auditorías en este segundo semestre a los recursos de regalías en el departamento de la Guajira, donde se encontraron dos presuntos hallazgos  fiscales por un valor de $ 14.723 millones de pesos, por el uso de los recursos de regalías en forma inapropiada.

Entre los dos hallazgos con presunta incidencia fiscal que se encontraron en el proceso, la ciudad de Riohacha presenta un presunto hallazgo fiscal en el sector de Agua Potable y Saneamiento por un valor de $10.858 millones de pesos, siendo este  el segundo sector con mayor incidencia fiscal, al incumplir con la construcción y puesta en marcha del Sistema Integral de Acueducto y Abastecimiento de agua potable en el corregimiento de camarones Riohacha, la obra física fue ejecutada en  diez meses con un 99% y el porcentajes de ejecución financiero fue de 89%.  Tuvo tres suspensiones debido a la sanción realizada por el consorcio COPNIA (Consejo Profesional Nacional de Ingeniería), ya que no cuentan con las licencias, y/o permisos ambientales de explotación de aguas subterráneas y de vertimiento de aguas residuales, requisito indispensable para la presentación y aprobación de los proyectos ante los OCAD.

La gobernación de la Guajira presenta otro presunto hallazgo fiscal por un valor de $ 3.865 millones de pesos encontrados en el sector de Educación, el octavo sector con presunto incidencia fiscal en la Contraloría General de la República, cuyo objeto es realizar una iinterventoría técnica, administrativa y financiera a la ejecución de los proyectos de apoyo a las estrategias de acceso y permanencia de la cobertura educativa, a través de los programas de alimentación y transporte escolar, y al fortalecimiento de la calidad educativa en zona rural de los municipios no certificados en el departamento de La Guajira, por valor de $3.865 con un plazo de 15 meses, en donde se verificó falta de soportes que evidencien el total cumplimiento del contrato, como tampoco el seguimiento de avance y ejecución por parte de la interventoría, al encontrar una falta de acreditación de las actividades, para fortalecer la calidad educativa en zona rural de los municipios no certificados en el departamento de la Guajira.

Con referencia a lo anterior, se comprobó que no se cumplieron con los principios de eficiencia, eficacia y economía, debido a que los bienes o servicios contratados no cubrieron las necesidades de la comunidad beneficiaria y que los resultados obtenidos no promovieron en su totalidad el desarrollo educativo, de salud, social, y económico.