Con el objetivo de evitar que en el país se presenten sobrecostos en los proyectos de infraestructura, el Gobierno anunció tres estrategias para blindar los procesos y desarrollo de las obras.

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, explicó que “nuestra principal responsabilidad desde el Gobierno es asegurar que el proceso de contratación esté blindado”.

Se refirió a la suspensión de obras en el Canal de Panamá y trajo a colación ejemplos ocurridos en el país, como el de la vía Bogotá-Girardot por causa de las irregularidades relacionadas con los Nule.

Al pormenorizar las estrategias indicó que es una decisión que viene de tiempo atrás y consisten en que “no vamos a abrir los sobres económicos si no nos traen un cupo de una entidad bancaria y si no traen una póliza de cumplimento de una compañía de seguros”.

Esto ya que si una compañía es débil o incumple en otra jurisdicción, “no le será posible obtener estos documentos”.

En segunda instancia no adjudicarán al menor precio, “analizaremos precios que estén por debajo del promedio de una franja, luego sí adjudicamos al menor”.

La tercera protección es que a diferencia del contrato en Panamá “no adelantamos ni pagamos absolutamente nada hasta que se haga la entrega de las obras”.

Este paquete de medidas hace parte de lo ya anunciado por la Agencia al estructurar los procesos de contratación, de tal manera que todos los grupos a quienes se les adjudiquen las nuevas concesiones de Cuarta Generación dispongan de los recursos y la capacidad necesaria para garantizar la exitosa culminación de las obras.

En su momento informaron que estos requisitos están contemplados desde el inicio del proceso, para prevenir que los adjudicatarios incumplan con sus obligaciones contractuales.

Los procesos de precalificación incluyeron la evaluación de requisitos habilitantes técnicos y financieros. En el proceso de licitación, se está exigiendo a cada uno de los proponentes garantías de seriedad de las ofertas y cupo de crédito que evidencie su capacidad para hacer los aportes de capital propio una vez se les adjudique el contrato.

Adicionalmente en el contrato de concesión, a los grupos se les exige una póliza de cumplimiento, equivalente al 15% del valor del contrato. En la etapa de construcción el contratista asume plenamente el riesgo de construcción, y se le exige que sus accionistas efectúen un aporte de capital propio en efectivo superior al 20% de la inversión estimada, como condición previa al inicio de las obras.

Bajo el nuevo esquema de APP, el contratista sólo tendrá derecho a recibir su retribución -lo cual incluye los recursos de peajes- una vez se reciban las obras a satisfacción de la ANI.

Así, por ejemplo, en un contrato de 1 billón de pesos de inversión, esto equivaldría a aportes y garantías del orden de 350 mil millones de pesos.

“Hemos tomado todas las medidas preventivas para evitar que los concesionarios incumplan con lo acordado en los contratos. El Gobierno tiene la firme decisión de ser muy estricto en el cumplimiento de los requisitos, y quien no lo haga sencillamente no podrá ser adjudicatario de las obras”, afirmó Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI.

Cabe resaltar que si un contratista incumple y no termina las obras, además de no recibir retribución alguna será objeto de las sanciones previstas en el contrato y en la ley, que incluyen la inhabilidad para contratar con el Estado, la ejecución de la garantía de cumplimiento y la liquidación del contrato.