Lunes, 21 de Noviembre de 2011
Hoy y mañana el vicepresidente Angelino Garzón estará en Bruselas (Bélgica), promoviendo la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, el cual ya empezó a estudiarse en el Parlamento Europeo, incluyendo la cláusula relativa a la defensa de los Derechos Humanos, entre ellos los laborales y las libertades sindicales
En el marco de su visita a esta capital, el vicepresidente Garzón participará en reuniones del Parlamento Euro-Latinoamericano (Eurolat), en la cual intervendrá en la sesión primaria.
Tras la ratificación del TLC con Estados Unidos hace algunas semanas, ahora el TLC con la Unión Europea ocupa el interés del Gobierno colombiano en el marco de su ofensiva diplomática y comercial a nivel mundial.
El TLC de Colombia con la Unión Europea fue aprobado en septiembre pasado por la Comisión Europea, pero falta que pase al Consejo y al Parlamento Europeo para ser ratificado.
Esta decisión solo se tomaría hasta el primer semestre del próximo año, como lo confirmó hace algunas semanas el entonces embajador de Colombia ante la Unión Europea, Carlos Holmes Trujillo, quien dijo que este procedimiento tomará entre 4 y 6 meses, “por lo que el TLC se estaría firmando en marzo de 2012”.
La semana anterior el presidente Santos tras posesionar a Rodrigo Rivera como nuevo embajador ante la UE, dijo que “nosotros tenemos con la Unión Europea unas relaciones muy buenas. Estamos en medio de la aprobación, ni más ni menos, que del Tratado de Libre Comercio en el Parlamento Europeo. Eso debe suceder a principios del año entrante; todavía no tenemos la votación asegurada. Por eso la labor de convencimiento, la labor pedagógica con todos los parlamentarios europeos va a ser de extrema importancia”.
El Acuerdo Comercial con la Unión Europea prevé beneficios para los exportadores nacionales, según la Cancillería colombiana, pues elimina los aranceles para todos los productos industriales y pesqueros, amplía el acceso al mercado de los productos agrícolas, mejora el acceso a los contratos públicos, los servicios y los mercados de inversión, reduce los obstáculos técnicos al comercio y establece disciplinas comunes en materia de derechos de propiedad intelectual, transparencia o competencia.