El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria Muñoz, planteó la simplificación de los criterios en la distribución y una mayor eficiencia en el uso de los recursos como elementos para una eventual reforma al Sistema General de Participaciones (SGP).

El ajuste al SGR, según Gaviria Muñoz, debe estar centrado en la orientación a resultados, autonomía territorial y generación de eficiencias. Además debe tener como principios la progresividad en la asignación presupuestal, equidad horizontal y transparencia y participación.

Explicó que la posible reforma al sistema vigente debe centrarse en la revisión de criterios de distribución, competencias, usos de recursos y técnica administrativa y financiera.

El Director del DNP expuso los lineamientos para una reforma del SGR durante la cumbre de gobernadores celebrada en Armenia para abordar el tema del fortalecimiento de las competencias y finanzas departamentales, convocada por la Federación Nacional de Departamentos (FND).

El Sistema General de Participaciones es la principal fuente de financiación en los sectores de educación, agua potable y agropecuario, mientras el Sistema General de Regalías es la fuente más importante para sectores como vivienda, ambiente, cultura y deporte y servicios públicos.

"Actualmente se utilizan 42 criterios para distribuir los recursos del SGP clasificados en población, coberturas, eficiencias, pobreza y otros", dijo Gaviria Muñoz, al hablar de la necesidad de simplificar dichos criterios en la distribución de las bolsas de recursos.

Sostuvo que "ajustando las asignaciones del SGP se podrían eliminar 17 criterios, que representan una disminución del 40%".

Con nuevos criterios, a partir del 2017 podrían distribuirse 1,2 billones de pesos para ruralidad y cierre de brechas, señaló.

En cuanto al ajuste de competencias de los departamentos, el Director del DNP propuso su revisión con el fin de eliminar duplicidades y ganar eficiencias según su capacidad.

Para ello planteó la revisión de los mecanismos de certificaciones sectoriales y articularlos con las estrategias de seguimiento, fortalecer el rol del departamento como coordinador y prestador de servicios de educación y salud, mayor autonomía de las entidades en gastos de inversión y la revisión del papel de los entes territoriales como aseguradores (Régimen Subsidiado).

En 2015, la inversión pública en Colombia fue de $129 billones, de los cuales el 65% fue ejecutado por las entidades territoriales.