Ante la situación denunciada por la Federación Nacional de Concejos de Colombia, relacionada con presuntos incumplimientos por parte del Gobierno en materia de  protección de los cabildantes a nivel nacional, la Procuraduría General de la Nación solicitó información a la Unidad Nacional de Protección sobre las acciones adelantadas al respecto.

A través de un oficio dirigido al director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar Pachón, la Procuraduría Delegada Preventiva en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos requirió información sobre el número  de concejales que se encuentran con nivel de riesgo extraordinario y extremo, así como las medidas implementadas a favor de los funcionarios.

El Ministerio Público, haciendo uso de la función preventiva, revisa las denuncias elevadas por la Federación Nacional de Concejos de Colombia (Fenacon) y evalúa la información remitida por las instancias competentes relacionada con los hechos manifestados.

Sin perjuicio de los insumos requeridos, la Procuraduría General de la Nación “recomendó a las entidades del Gobierno nacional encargadas del programa de prevención y protección de los derechos a la vida, a la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades en cabeza del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, revisar las medidas de prevención y protección vigentes para los concejales que se encuentran con nivel de riesgo extraordinario a nivel nacional, a fin de que se garantice el ejercicio normal de sus funciones dando cumplimiento al trámite dispuesto en la normatividad urgente para este tipo de situaciones”.