Ante los problemas de esa índole que enfrenta la ciudad, el 31 de octubre de 2011 una de las promesas que refrendó el recién electo alcalde Gustavo Petro fue la creación de la Secretaría Distrital de la Seguridad.

Hoy todavía no le han colocado los pañales a la nueva entidad porque ni siquiera se ha radicado el proyecto en el Concejo.

El secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, le explicó a EL NUEVO SIGLO que el proyecto para crear la Secretaría de Seguridad será radicado en las sesiones ordinarias de noviembre.

En las primeras discusiones el gobierno anunció que la Secretaría de Seguridad tendría un costo de 15.800 millones de pesos y estaría integrada por 110 funcionarios.

El nuevo ente busca cambiar y fortalecer el modelo de seguridad en la capital, contribuir a la gobernabilidad, crear los espacios de comunicación y acción con la ciudadanía y, sobre todo, garantizar la seguridad de sus siete millones de habitantes.

La ciudad necesita una Secretaría de Seguridad y un sector administrativo acompañado de una política pública. Para ello se requiere el concurso del Concejo de la ciudad para mejorar el modelo que responda a las necesidades específicas de la comunidad.

En este sentido la Administración acogió la propuesta planteada en el Concejo para integrar una mesa de trabajo que analice la viabilidad jurídica del proyecto. La idea es que sea un acuerdo, no solo político, sino con todas las instituciones para que la ciudad se vuelva ejemplo en el manejo de la seguridad en América Latina.

El objetivo es dejar atrás el modelo en el que el tema de seguridad se circunscribía a la presencia de la fuerza pública y se entra en un proceso de integralidad en donde no solo las autoridades deciden sino que la ciudadanía, que es la que padece la inseguridad, tiene derecho a participar en ella con mecanismos institucionales.

La Secretaría contaría con cuatro subsecretarías: una de Planeación y Gestión, encargada de toda la parte contractual y de planeación estratégica; una de Prevención, que manejaría la atención del delito de bajo y alto impacto; una de Información y Conocimiento, dedicada a las estrategias para enfrentar el delito desde los diagnósticos y el levantamiento de información; y una Operativa al frente de las acciones policivas.

Se destaca que la Secretaría le apunta a la atención integral de la seguridad con énfasis en el manejo de los derechos humanos, el fortalecimiento de la capacidad para promover la seguridad ciudadana y a responder eficazmente al fenómeno delincuencial que vive la ciudad.

En este sentido en el marco del debate sobre seguridad, el secretario Jaramillo dijo que la Administración considera que es el momento para crear la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos que debe ser “técnica, con una dirección del mejor experto o experta en materia de seguridad, un equipo humano excelente y un buen presupuesto”.

Jaramillo dijo que el Fondo de Vigilancia y Seguridad, “fue por muchos años la caja menor de muchos políticos en Bogotá”. Reveló que le pidió al alcalde mayor un presupuesto importante que permita dividir la Secretaría de Gobierno en lo que sería la Secretaría Distrital de Gobierno y Localidades, y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos para Bogotá.

El funcionario dijo que se reunió con el alto consejero presidencial para la seguridad y la convivencia, Francisco Lloreda, con el fin de intercambiar conceptos sobre la nueva estrategia de seguridad para la ciudad denominada Plan Integral de Convivencia y Seguridad (PICS). Confirmó que ya hay una aprobación parcial de la propuesta por parte de esa entidad y espera poder socializar su estructura con los concejales.

Finalmente, Jaramillo le pidió tres acciones concretas al fiscal Eduardo Montealegre: lucha frente al microtráfico; acciones contundentes contra los 'tierreros' y la creación de un cuerpo elite de investigación para que se conozca lo que pasó con el Fondo de Vigilancia y Seguridad desde los últimos 14 años.

Sin sistema de video, vigilancia y monitoreo: Serpa

Sobrecostos, negligencia e improvisación, desorden jerárquico, y un posible detrimento patrimonial, fueron denunciados hoy en el Concejo, a propósito de la firma de cinco convenios interadministrativos para la adquisición de cámaras, su mantenimiento y transmisión de datos, en el marco de la implementación del sistema integrado de videovigilancia para Bogotá.

La denuncia fue hecha por el concejal liberal Horacio José Serpa Moncada, durante el debate de control político sobre seguridad en Bogotá, que se cumplió en la Comisión de Gobierno.

Durante el debate, Serpa advirtió que luego de 8 años “Bogotá no cuenta con un Sistema Integrado de Video-Vigilancia, que coadyuve a mejorar la percepción de seguridad tan deteriorada en la ciudad y combatir los altos índices de inseguridad”.

Según Serpa, “en estos momentos Bogotá solo cuenta con 378 cámaras conectadas a un sistema de monitoreo donde se han invertido alrededor de 82.000 millones de pesos” y “no hemos llegado ni al 20 por ciento de la implementación del Sistema Integrado de Video-Vigilancia para Bogotá”.