La tipificación del feminicidio como delito autónomo, contemplada en la denominada Ley Rosa Elvira Cely, fue declarada exequible ampliando el concepto a cualquier clase de violencia de género y transgénero.

La Sala Plena acogió la ponencia de la magistrada Gloria Ortiz a partir de que la norma estudiada asume como feminicidio la muerte de una mujer por su identidad de género.

La ley, para sentar las bases de políticas preventivas, permitía a las autoridades actuar cuando se detectaran acciones de violencia sexual o patrimonial dentro de una relación de familia o de amistad.

Precisamente la postulación de esos aspectos como posibles móviles para el feminicidio fue demandada por un ciudadano que estimaba que podría provocar que una persona sea procesada por temas de odio o solo con indicios.

En este caso, la Procuraduría había señalado que contrario a lo afirmado por del demandante los antecedentes de violencia pueden considerarse como un contexto que podría demostrar el móvil del feminicidio.