La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció que el consorcio encargado de la ampliación de la vía paralizó las obras, pero la española Sacyr, líder del grupo, lo negó y aseguró que la negociación por los multimillonarios sobrecostos del proyecto "sigue abierta".

Cien años después de su inauguración, el Canal, por el que navega el 5% del comercio marítimo mundial, enfrenta una crisis que amenaza el megaproyecto de construcción de su tercer juego de esclusas, previsto para concluir en 2015.

La paralización de las obras tiene un fuerte impacto en la economía panameña: los analistas estiman que el país dejará de recibir entre 300 y 400 millones de dólares anuales si no continúa la ampliación, que permitiría que circularan por la vía 600 millones de toneladas al año frente a las 300 actuales.

Sacyr, socio mayoritario del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), había anunciado en la mañana del miércoles la ruptura de los diálogos con la ACP, pero más tarde señaló que la negociación "sigue abierta" y que las obras "continúan".

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, afirmó, en declaraciones a la radio privada española Cadena Ser, que ACP rechazó la última propuesta del consorcio "sin dar una alternativa viable", por lo que anunciaron la ruptura de negociaciones, pero luego le ofrecieron "seguir" el diálogo.

"Hemos hecho una última oferta al Canal" y "supongo que ellos nos contestarán", agregó sin más precisones, al tiempo que señaló que "no hay una fecha en concreto" para la paralización de las obras", que "depende de la respuesta" que tengan.

Más temprano, el administrador de la vía, Jorge Quijano, anunció la detención de las obras por parte del consorcio y criticó su "posición inflexible", señalando que "las pretensiones de GUPC atentaban contra los intereses de Panamá y su Canal".

"Nosotros no nos retiramos de la mesa (...). Exigimos que en este momento que reanuden los trabajos. Lo que tenemos que hacer es reiniciar la obra rápidamente", reclamó Quijano.

Sin embargo, aunque se hayan roto las negociaciones "no significa que un acuerdo ya no es posible, aunque la ventana para esto se cierra minuto por minuto", advirtió.

Un conflicto costoso

El lunes, el presidente Ricardo Martinelli había afirmado que las partes estaban "cerca" de un acuerdo. "La noticia es inesperada", admitió el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, en un comunicado.

"Confío y espero que ambas partes reconsideren sus posiciones en los próximos días ya que una interrupción de las obras sería una mala noticia para el empleo, la economía global, la ampliación del canal y las partes mismas", añadió.

La ministra de Fomento (obras públicas) española, Ana Pastor, aseguró que pidieron "a las partes que lleguen a acuerdos porque está en juego una gran infraestructura que repercute en la economía no solo de allá, de Panamá, sino de todo el mundo".

Sacyr aseguró que el consorcio "sigue buscando una solución de financiamiento para terminar el proyecto y las obras en 2015" e insistió en que la ruptura pone en riesgo la expansión del canal "y hasta 10.000 puestos de trabajo".

El grupo español advirtió además que sin una solución inmediata "Panamá y ACP enfrentarán años de disputas ante los tribunales nacionales e internacionales sobre los pasos que han llevado el proyecto al borde del fracaso".

En el origen del conflicto figura una factura mucho más cara de lo previsto inicialmente: el consorcio reclama 1.600 millones de dólares (1.200 millones de euros) más para cubrir sobrecostes que atribuye a "condiciones geológicas imprevistas".

"Es una carga de tal magnitud que ningún contratista o empresa privada puede soportarla por sí misma", asegura GUPC, que integran también la italiana Salini-Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana.

El conflicto estalló el 30 de diciembre cuando GUP amenazó con suspender los trabajos si no le pagaban los sobrecostos, equivalente a un 50% más del contrato inicial fijado en 3.200 millones de dólares para las esclusas.

GUPC propone compartir "un cofinanciamiento 50%-50%" y que después "un tribunal internacional de arbitraje" decida quién asume los sobrecostes.

La obra, cuyo avance es del 70%, acumula un retraso de nueve meses, sin contar los reveses de estas últimas semanas. Los constructores consideran, según estima la aseguradora Zurich, que la conclusión del proyecto se retrasaría entre tres y cinco años si no hay acuerdo.

Inaugurado en 1914 por Estados Unidos y devuelto a Panamá en 1999, el Canal de Panamá, de 80 km, tiene como principales clientes a Estados Unidos y China.

Estados Unidos ya había comenzado a realizar inversiones y ampliar sus puertos para dar cabida a los cargueros que podrían pasar por el Canal ampliado, capaces de transportar más de 12.000 contenedores./AFP