La política oficial seguirá siendo la de tratar como criminales a los mineros artesanales y a los pequeños y medianos empresarios de la minería, consideró la Confederación Nacional de Mineros de Colombia a través de un comunicado.

El martes, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, emitió el decreto 2235 de 2012 que tiene por objeto reglamentar la Decisión 774 adoptada por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), conocida como Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal.

Esta decisión, le da facultades al Ejecutivo, para ejecutar acciones contra la minería ilegal por parte de las autoridades nacionales competentes, de conformidad con su legislación interna, tales como “el decomiso o incautación de los bienes, maquinaria y sus partes, equipos e insumos utilizados para el desarrollo de la minería ilegal, así como la neutralización, destrucción, inmovilización, inutilización o demolición de bienes, maquinaria, equipos e insumos, cuando por sus características o situación no resulte viable su decomiso, traslado o, desde el punto de vista económico, su administración” (Artículo 5. Numeral- 2).

Para la Confederación, el problema radica en que para la Administración actual, los mineros ilegales son todos los que no cuentan con un título minero o una licencia ambiental. Sin embargo, la mayoría de estas personas no cuentan con dichos permisos, porque las normas están diseñadas para que no cumplan con los requisitos exigidos, lo que les impide formalizarse. Entonces, por cuenta de la Decisión 774 el gobierno podrá destruir maquinaria y herramientas de trabajo, como ya lo ha venido haciendo, no obstante ahora, bajo el amparo de la legislación andina.

Fue precisamente por iniciativa del gobierno colombiano, que el pasado 30 de julio de 2012, en Lima Perú, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reunido con los representantes titulares ante la Comisión de la Comunidad Andina, adoptó, basados en el Acuerdo de Cartagena, la Decisión 774.