No se puede seguir atando el concepto de amnistía y de indulto en Colombia al delito político. En ese sentido es necesario que el Presidente de la República cuente con herramientas en un eventual proceso de paz en un marco de justicia transicional.

Así lo expuso ayer el fiscal General Eduardo Montealegre durante el lanzamiento de una propuesta para la humanización del conflicto armado que hizo el ex presidente Ernesto Samper.

“Creo que el país debe introducir nuevos instrumentos relativos a las amnistías y a los indultos, por fuera del concepto de delito político, para que el Presidente de la República cuente con herramientas importantes en la eventualidad de un proceso de paz”, dijo.

El Jefe del ente investigador explicó que Colombia, en materia de las figuras del indulto y amnistía, tiene una concepción del siglo XIX: “En la actualidad el concepto de subordinar las amnistías al Derecho político está totalmente superado. La discusión actualmente en el Derecho moderno es la de que podemos considerar las amnistías en la medida de que esas amnistías, lo más amplios posibles, se coordinen y se consoliden al finalizar procesos de paz, y más exactamente en el proceso de justicia transicional”.

En el camino de lograr la paz en el país, el Fiscal General, haciendo referencia a los fundamentos de Derecho internacional que consagran la justicia transicional, dijo que está basada sobre un conflicto de derechos fundamentales; “de un lado está el derecho de las víctimas, que tienen un derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación; pero de otro lado ese principio y ese valor fundamental se enfrenta y entra en colisión con otro valor fundante de los Estados Sociales democráticos de Derechos, como es la consecución de la paz”.

En ese punto anotó que hay que lograr un equilibrio entre ese derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, pero de otro lado ese interés de la sociedad de cómo alcanzar la paz.

 Marco para la Paz

En la actualidad el Congreso discute, en sexto debate, el proyecto de Marco Jurídico para la Paz, el cual crea las condiciones para futuras desmovilizaciones de grupos armados.

Al respecto, establece la posibilidad de que la Fiscalía seleccione los casos que deben ser investigados porque hubo la comisión de delitos atroces, pero prevé también la suspensión de la ejecución de la pena para otros delitos, lo que en la práctica tiene un efecto similar al indulto o la amnistía para los actores del conflicto.

Organismos internacionales como Human Rights Watch han señalado que esta norma generará impunidad frente a delitos atroces.

Precisamente porque la Corte Constitucional consideró en 2007 que los desmovilizados de las Autodefensas no se podían procesar por delitos políticos sino por concierto para delinquir, la situación jurídica de más de 26 mil de ellos quedó en un limbo. Posteriormente, en 2010, la Corte tumbó otra ley para que los ex paras se acogieran al principio de oportunidad, al considerar que de esta forma se iba en contra de los principios de verdad, justicia y reparación de las víctimas de los grupos armados ilegales.

Luego una nueva ley, la 1424, permitió cesar la acción penal contra los desmovilizados de las Autodefensas que estaban en este limbo jurídico.

Humanización del conflicto

Una propuesta para humanizar el conflicto por medio de la suscripción de un acuerdo humanitario entre el Gobierno y la guerrilla planteó ayer el ex presidente Ernesto Samper, con el objetivo de evitar más derramamiento de sangre.

Samper dijo que una medida de esta naturaleza se justifica ante la degradación del conflicto, en donde la población civil es la más afectada.

La propuesta se enfoca en cuatro elementos: sacar a los menores de la guerra, acabar con los secuestros y las desapariciones forzadas, terminar con el minado de las zonas de conflicto y acabar con los bombardeos que afectan a la población civil.

Según Samper, “el Gobierno nacional está obligado a respetar el Derecho Internacional Humanitario, y una manera de respetarlo es siguiendo lo que dice el artículo tercero de los Protocolos Adicionales de Ginebra, que obliga a la suscripción de acuerdos humanitarios para sacar a la población civil del conflicto armado”.