Argentina se ha convertido en un paraíso fiscal, favoreciendo el desarrollo de este flagelo
A pesar de que todos los países de América Latina han ratificado el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, y han desarrollado legislaciones al respecto, este comercio ha seguido creciendo y diversificándose, al tiempo que varios países de la región se han convertido en destino de este ilícito.
Así lo indica una investigación de la Universidad de La Sabana, la cual concluye que de no ser enfrentado este flagelo desde su dimensión de negocio internacional, la trata de personas seguirá aumentando. “Este delito debe enfrentarse local y globalmente desde lo financiero y lo económico, y no sólo desde lo penal; entre otras razones, porque es una manera de golpear a los tratantes donde quiera que estén”, señalan las autoras de este trabajo: Mónica Hurtado y Catherine Pereira, docentes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, para quienes actualmente “hay una estrecha relación entre la oferta y la demanda en esta actividad criminal”.
América Latina, y en particular Colombia, han sido los lugares de origen de víctimas, cuyos destinos son países desarrollados. Entre el 2003 y el 2005, Japón y España fueron dos de los principales centros de recepción de colombianas, y, entre el 2007 y el 2009, Hong Kong y Singapur se convirtieron en los destinos más frecuentes.
No obstante, desde el 2010, las investigaciones judiciales adelantadas en el país que se analizaron en la investigación registraron un cambio importante, que indica que los centros a donde están llegando las víctimas no son solo países desarrollados.
De acuerdo con otros datos obtenidos en la investigación, en América Latina se está generando una dinámica particular que “favorece” este delito transnacional. Para los tratantes en esta región los riesgos de ser investigados penalmente son relativamente bajos; en Argentina, Guatemala y Honduras, por ejemplo, pueden mover sus capitales sin mayores amenazas. Además, se han identificado algunas zonas como “lugares de recreo”, a donde las víctimas de trata de personas son especialmente solicitadas.
En Suramérica las redes de traficantes están trabajando en la identificación de ‘nichos de mercado’ en la región, que posean al menos tres ventajas: donde los riesgos de ser investigados penalmente sean bajos (Argentina se ha convertido en paraíso fiscal, pues allí estos grupos pueden mantener tranquilamente sus capitales); donde haya demanda con la capacidad de pagar lo que cobren por distintos servicios sexuales, especialmente en zonas que se han convertido en lugares de ‘recreo’ de narcotraficantes (esto sucede generalmente en Panamá); y, donde los tratantes puedan reducir costos logísticos y de transporte, y obtener altas ganancias.
Según cifras del Departamento de Estado de los Estados Unidos este delito produce ganancias anuales a nivel mundial por cerca de 32.000 millones de dólares, pese a los esfuerzos realizados en las dos últimas décadas por algunos países y agencias multilaterales.
Un negocio rentable
Según los expedientes analizados para dicho estudio una trabajadora sexual en Medellín, Cali, Pereira y Bogotá gana alrededor de 490 mil pesos colombianos; mientras que en Japón, Hong Kong o Singapur esta misma persona podría producir ingresos casi diez veces superiores realizando la misma actividad.
Otras cifras que arroja la investigación revelan que diariamente en Singapur una víctima colombiana de trata con fines de explotación sexual gana un dinero que oscila entre 400 y 1.500 dólares, aproximadamente. Dinero que en su mayoría se queda en manos de los tratantes.
En relación con la información financiera de los expedientes analizados, se estableció que hubo 62 transacciones documentadas en siete entidades financieras colombianas y en tres bancos extranjeros de siete países de diferentes continentes.
Con base en esta documentación, se establecieron los costos y la rentabilidad del negocio, a la luz de las tres fases identificadas: reclutamiento, traslado y explotación. También se caracterizó la interacción entre los tratantes, intermediarios y víctimas.
“Para corroborar algunos datos y ampliar la información sobre esta dinámica económica, realizamos entrevistas a profundidad con funcionarios de la Policía Judicial, fiscales y jueces colombianos, a representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También tuvimos en cuenta la opinión de representantes de la sociedad como Las Hermanas Adoratrices, comunidad religiosa vinculada al trabajo con población vulnerable a la trata”, afirman Hurtado y Pereira.