La alianza ¿Y yo en qué puedo ayudar?, conformada por organizaciones sociales y políticas comprometidas con las víctimas del conflicto armado y las políticas gubernamentales de reparación y de restitución de tierras, denunció el altísimo riesgo en el que se encuentran sus miembros.

En Bogotá, el jueves 4 de octubre, siendo las 6 y 30 a.m., tres individuos armados, que se comunicaban entre sí mediante silbidos, acecharon el domicilio de Carmen Palencia, directora de Tierra y Vida, durante media hora.

Desde hace más de un mes, Luis Alfredo Vásquez, del capítulo de Tierra y Vida en Montes de María, recibe amenazas telefónicas y escritas y también en persona de desconocidos que lo abordan en moto.

Destacamos también por su gravedad el atentado en San Juan Nepomuceno, Bolívar, el 28 de agosto pasado, contra Mayerlis Angarita, coordinadora política nacional de Redepaz.

Gerardo Vega, director de Forjando Futuros, recibió dos amenazas de muerte telefónicas la semana pasada, que se sumaron a las múltiples amenazas de las cuales ha sido víctima esta organización.

El 3 de septiembre, las instalaciones del Instituto Popular de Capacitación de Medellín fueron asaltadas y las líneas de telefonía e Internet cortadas. Varias oficinas en las cuales se conserva la información sobre violaciones de derechos humanos fueron encontradas desordenadas y con los cajones abiertos.

Preocupa a la Alianza que las repetidas amenazas e intentos de agresión puedan interferir aún más en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una legislación en la cual las organizaciones que la componen depositan sus esperanzas de reconciliación.

La Alianza expresa su intención de continuar apoyando las políticas que abren el camino de la construcción de la paz y pide al Gobierno persistir en el fortalecimiento de la protección de quienes exponen sus vidas cada día para llevarlas a cabo. Las víctimas son las aliadas naturales del Gobierno en este empeño y poco se podrá adelantar si ellas continúan siendo victimizadas.

Hacemos un llamado a la Unidad Nacional de Protección y a la fuerza pública para que corrija falencias en los esquemas de protección y asuma su refuerzo en los casos necesarios.

Reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando para hacer realidad los derechos de las víctimas y alentamos al movimiento social y de derechos humanos a perseverar juntos en este camino.