Amenazan líderes contra minería ilegal | El Nuevo Siglo
Sábado, 4 de Octubre de 2014

A través de un comunicado conjunto, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo condenaron “las amenazas de muerte en contra de las lideresas, los líderes y los integrantes del Consejo Comunitario La Toma, luego de que la comunidad y sus representantes denunciaran la entrada de maquinaria pesada para la minería en la vereda Yolombó, en el corregimiento La Toma, municipio de Suarez, Cauca. Según la información recibida, las amenazas provendrían de personas relacionadas con la maquinaria pesada”.

Según La ONU y la Defensoría, “las lideresas, los líderes y sus comunidades han dialogado con las autoridades sobre este tipo de minería,  y han adelantado acciones para proteger los territorios y sus derechos. A pesar de ejercer exigencias legítimas, todas estas personas están en peligro, porque se han multiplicado las amenazas de muerte, tanto a nivel individual como colectivo. Uno de los casos más recientes es el presentado en La Toma”.

“Durante el 2014, la Defensoría y la Oficina del Alto Comisionado han seguido con preocupación una serie de situaciones relacionadas con actividad minera realizada con maquinaria pesada, sin títulos  y sin haber cumplidos los procesos de consulta previa, libre e informada, con consejos comunitarios y cabildos indígenas, en particular, en la zona Norte del departamento del Cauca. Estas situaciones están generando graves afectaciones como: la vulneración de los planes de vida de las comunidades; la contaminación ambiental; la ruptura del tejido social; y riesgos para quienes ejercen barequeo en este contexto, entre otras. Casos de violencia sexual y explotación infantil también han sido denunciados”, plantearon las entidades en el comunicado.

“Durante el 2009”, se recordó en la comunicación, “en La Toma, el consejo comunitario, que desde época ancestral practica minería de tipo artesanal, fue amenazado de desalojo debido al otorgamiento a privados de concesiones, sin consulta previa”, tras lo cual “la Corte Constitucional” ordenó “abstenerse de otorgar o suspender (según el caso) las licencias de explotación minera”.