La polémica es de nunca acabar. El uso del plástico en todas las actividades diarias se tomó el mundo, y aunque es una industria pujante que le hace un gran aporte al desarrollo económico del país, no menos cierto es que se trata de uno de los elementos más contaminantes del planeta debido a su lenta descomposición natural.

Y es que las cifras hablan por sí solas: la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente reveló que solo en 2018 cerca de 8 millones de toneladas de elementos plásticos son vertidas a los océanos, contaminando el ambiente de más de 600 especies de animales marinos.

Si no se controla su uso, para 2050 se estima que 99% de todas las aves del planeta habrán ingerido alguna cantidad de este material, dice la ONU.

La ONG Greenpeace, entre tanto, considera que “la mitad de las tortugas marinas y 90% de las aves han consumido plástico alguna vez”.

Más aún, varios estudios especializados afirman que al paso actual, para 2020 se estaría usando 900% más plástico que lo que se usaba en 1980, y de esa proporción más de 90% de la basura plástica terminaría en los océanos.

Estos indicadores llevaron a los representantes liberales Harry González y Juan Carlos Losada a presentar un proyecto de ley “por el cual se prohíbe en el territorio nacional la fabricación, importación, venta y distribución de plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones”.

Es decir, la norma restringiría la fabricación y comercialización de empaques para alimentos y bebidas como pitillos plásticos, cubiertos desechables, botellas, etc.

“Tenemos que legislar en favor del medio ambiente, es alarmante ver las cifras, Greenpeace, y otras organización internacional ecologistas, definen la acumulación de plásticos como un problema mundial que ha inundado nuestra vida diaria”, sostiene González.

El proyecto aprobado en primer debate por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, establece que las empresas dedicadas a la comercialización de estos productos plásticos de un solo uso los reemplacen por otros que se puedan volver a reutilizar, y que los comercializadores terminen sus inventarios en un plazo no mayor a 30 meses una vez entre en vigencia la norma.

Adicionalmente, se establecen unas multas económicas que van de 10 a 500 salarios mínimos legales vigentes, el decomiso de la mercancía y la clausura de los establecimientos para quienes no cumplan con dichos plazos legales.

Descomposición lenta

A mediados de 2017 ONU Medio Ambiente lanzó la campaña Mares Limpios, que pretende crear consciencia sobre la necesidad de reducir y controlar la utilización del plástico en productos de un solo uso.

Los cálculos del organismo internacional señalan que para 2050, en todo el planeta se tendrán 12.000 millones de toneladas de desechos plásticos acumulados que, generalmente, terminan en vertederos y mares.

Y América Latina no es la excepción, pues la región cuenta con más 16 millones de kilómetros cuadrados de mar y es la fuente del 24% de la pesca global.

Silvia Gómez, vocera en Colombia de Greenpeace, ha dicho que con base en estudios internacionales, los ríos Magdalena y Amazonas se encuentran entre los 20 más contaminados por plásticos en todo el mundo.

“Cada minuto, el equivalente a un camión repleto de basura plástica termina en nuestros océanos”, señala la vocera de la ONG ambiental.

En 2018, la ONU Medio Ambiente informó que “cada año usamos en todo el mundo 5 billones de bolsas de plástico, y 1 millón de botellas de plástico son compradas cada minuto. Casi 70% o más van al medio ambiente o a vertederos y más de 13 millones llegan al mar cada año”.

Golpe a la industria nacional

Acoplásticos es el gremio que representa en Colombia a las industrias de plástico, química, petroquímica, cauchos, pinturas, tintas y fibras.

Si bien la industria es partidaria de la regulación, advierte también las graves consecuencias que esta normatividad traería para el sector y para el desarrollo económico del país.

“Colombia es el único país de mundo que más artículos de este tipo piensa restringir”, afirma Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos.

“Compartimos la preocupación por la afectación ambiental que causan los residuos plásticos, y somos conscientes de que la solución a esta problemática requiere un enfoque integral, que implica la voluntad y participación de todos, incluyendo la industria, los consumidores, el gobierno, el órgano legislativo, las autoridades locales, entre otros”, dice el dirigente gremial.

Entre otras razones, Acoplásticos pide tener en cuenta las siguientes consideraciones, en caso de aprobarse el proyecto de ley:

1. Llevaría a un aumento en los precios de alimentos en todo el país.

2. Produciría una muy fuerte afectación sobre los más de 50.000 recicladores de oficio que existen en el país.

3. Significaría un golpe económico al sector agropecuario, debido a que el proyecto prohíbe empaques plásticos para productos a granel.

4. Se aumentaría el riesgo de la población al contagio de enfermedades o a problemas de salubridad pública.

5. Al prohibir artículos desechables como vasos, platos o cubiertos de plástico, se afectaría el negocio de los vendedores ambulantes, tenderos y pequeños restaurantes.

6. Aumentaría el desperdicio de alimentos.

7. Significaría la desaparición de la industria fabricante de empaques y envases plásticos que genera 200.000 empleos directos.

9. Se afectaría la nutrición de poblaciones lejanas a los centros de producción y de bajos ingresos.

10. Aumentaría el consumo de agua en colegios, universidades, hospitales, entidades públicas, cárceles, entre otros, al prohibir artículos desechables como vasos, platos y cubiertos.  

11. Podría generar un riesgo de seguridad vial, al incentivar sustitutos, por ejemplo en vidrio, para el envase de aceites, lubricantes y bebidas.