UN DURO pronunciamiento hizo la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars) por los decretos que expidió el Gobierno nacional otorgando competencias ambientales a las autoridades indígenas. Dijo que esta medida lesiona la autonomía de estas entidades y genera un desbarajuste en el sistema.

“Desconociendo el resultado que por años las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible han ejecutado, en términos de políticas, planes, programas y proyectos en favor del ambiente y los recursos naturales renovables, y sin contar con la participación de las CAR, teniendo en cuenta su especialidad y experticia en el sector ambiental, el Gobierno Nacional firmó el Decreto 1275 que otorga competencias ambientales a las autoridades indígenas”, manifestó Asocars.

Añadió que “es evidente que tanto el Decreto Ley 1275 de 2024 como el 1094 de 2024 (ATEA) lesionan de forma severa la autonomía y competencias de las 33 corporaciones del país. Ambos, afectan los principios de coordinación y participación de las instituciones que hacen parte del SINA y transgreden la competencia que reside en el Congreso de la República, pues el Gobierno no puede atribuirse funciones que son propias del Congreso, ni tampoco puede modificar y/o asignar funciones a actores distintos de las señaladas en la Ley 99 de 1993, lo que supone una modificación tácita de la citada ley”.

Agregó que con estas medidas “nos veremos avocados a la atomización en el ejercicio de autoridad ambiental regional; y en una complejidad enorme en la toma de decisiones; conflictos de competencias e inseguridad jurídica en términos ambientales”.

Asocars y las CAR del país manifestaron su rechazo, “toda vez que dichos decretos, no aportan a la solución de la situación ambiental regional, antes entorpece y genera conflictos regionales y afecta la gestión de las autoridades ambientales”.

También expresaron su preocupación ante las declaraciones del presidente Petro, “al referirse a las CAR de forma negativa. Afirmaciones graves e irrespetuosas, con las cuales no podemos estar de acuerdo, porque hacen mucho daño, ya que estigmatizan y deslegitiman la gestión de las CAR”.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló que “este decreto define a las autoridades indígenas como autoridades ambientales hacia su población y para su territorio, podríamos asemejar esta medida a la justicia propia que ellos ya tienen. Hemos ganado 115 pueblos indígenas que ejercerán en sus territorios, de acuerdo con su conocimiento y esos son los principales mensajes de la COP16: el diálogo productivo entre la ciencia y las instituciones con el conocimiento ancestral, que es lo que realmente generará paz con la naturaleza”.