Modificar la meta de deforestación establecida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que cursa su trámite en el Legislativo solicitaron varias organizaciones de la sociedad civil, junto con expertos y académicos ambientales a los ponentes del proyecto, debido a que según ellos, la meta no busca reducir el número de hectáreas deforestadas sino mantenerlo constante durante los próximos cuatro años.

El requerimiento se hizo a través de una tutela. Una carta enviada al Congreso de la República explica que de conservarse el actual ritmo de deforestación “Colombia perdería más de 800.000 hectáreas de bosques durante este tiempo”, lo que según los accionantes, equivale a aproximadamente seis veces el tamaño de Bogotá.

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“Solicitamos (…) que la meta no se base en el indicador de crecimiento de la deforestación sino que se establezca un número de hectáreas máximo deforestadas al final del cuatrienio y que este número sea de hasta 90.000”.

Gobierno defiende su meta

La viceministra de Ambiente, María Claudia García, explicó este fin de semana que “tenemos la meta de detener el crecimiento de la deforestación en 2022. Venimos con un crecimiento exponencial que tiene que ver con dos cosas: lo primero es que la deforestación en Colombia se explica, principalmente, por actividades ilícitas y, segundo, estamos en un periodo de ajuste tras la firma del Acuerdo de Paz, donde tratamos de consolidar territorio con los problemas de seguridad que todavía hay”.

Según García, “la deforestación se empezará a estabilizar hasta 2030. Nuestra meta de detener la deforestación significa que vamos a quebrar el crecimiento exponencial y correr el punto de inflexión a 2022”.

Meta del PND

El Plan Nacional de Desarrollo detalla en el capítulo cuatro del proyecto que trata del Pacto por la Sostenibilidad, bajo la línea 2 “Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación”, que “uno de los mayores problemas socioambientales del país es la deforestación” y en los indicadores de resultado se establece el “crecimiento de la deforestación a nivel nacional respecto al año anterior” con una línea base de 23% y una meta del cuatrienio de 0%.

En este sentido, los accionantes argumentan que ese 23% representa el aumento en el número de hectáreas deforestadas entre 2016 y 2017, que pasó de 178.597 hectáreas a 219.973. Es en este punto en donde radica la inconformidad de las organizaciones y los expertos.

“Utilizar la tasa de crecimiento de las hectáreas deforestadas como indicador nos preocupa profundamente, pues significa que la meta se cumple siempre y cuando no aumente el número de hectáreas deforestadas, es decir, si se siguen deforestando 219.973 hectáreas anualmente”, enfatiza la carta.

Ideam

Según las cifras de deforestación de 2018 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entre el periodo de 2000 a 2017 se resalta que las 219.973 hectáreas deforestadas alcanzaron el punto más alto desde 2010.

Frente a ello, los accionantes señalaron que el indicador actual permite que durante el cuatrienio “se pierda una cantidad exorbitante de bosque: hasta 879.892 hectáreas”. A su vez, sostuvieron que es “preocupante” que la meta planteada en el Plan Nacional de Desarrollo que es hasta 90.000 hectáreas a 2022, permite que se continúe deforestando a una “velocidad exorbitante”.

PND 2014-2018

De acuerdo con las organizaciones civiles, expertos y académicos que hicieron llegar la carta al Congreso, la meta que se estipula en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, es contraria a la del PND 2014-2018, debido a que en esta ocasión se planteó alcanzar un máximo de 90.000 hectáreas deforestadas al año final del cuatrienio.

Afirmaron que si se realiza una comparación entre los dos planes, “es claro que la meta actual permite que se deforeste mucho más que la anterior”.

Asimismo, explicaron que traería impactos negativos en materia medioambiental como la pérdida de bosque y los efectos del cambio climático que afectaría las futuras generaciones.

Incumple compromisos

La carta señala que la no reducción de la deforestación es un claro incumplimiento de los compromisos tanto nacionales como internacionales del Estado, como lo son el Acuerdo de París, que estipula un compromiso de lograr cero deforestación en la Amazonia a 2020, así como de la sentencia STC 4360 de 2018 que declara a la Amazonía sujeto de derechos y en la que se ordena que se tomen medidas para reducir la deforestación, además de la Declaración Conjunta de Intención con Noruega, Alemania, Reino Unido e Irlanda del Norte.