En las próximas semanas comenzará a realizarse el primer estudio de metales pesados a lo largo de todo el cauce del río Atrato, gracias al convenio administrativo suscrito el mes pasado entre las Corporaciones Autónomas Regionales del Chocó (Codechocó) y del Urabá antioqueño (Corpourabá).
Las dos entidades, con jurisdicción en el Atrato, el tercer río más importante del país después de Magdalena y el Cauca, unieron esfuerzos técnicos, logísticos y financieros para realizar este estudio que permita identificar la concentración de metales pesados en este cuerpo de agua.
Para ello, se diseñará la red de monitoreo de metales pesados y variables fisicoquímicas en el Río Atrato, se realizarán estudios técnicos para la gestión de información y conocimiento ambiental de la cuenca y se entregarán los resultados de las muestras realizadas en campo.
Según Teófilo Cuesta Borja, director de Codechocó, esta entidad se encargará de la toma de muestras de agua a lo largo de la fuente hídrica, para lo cual cuenta con personal altamente calificado, y Corpourabá se encargará del análisis químico en sus laboratorios, acreditados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
La idea es medir la presencia en el río Atrato de metales pesados tales como arsénico, plomo, hierro, zinc, cobre, mercurio y oro en la fuente hídrica.
Este convenio forma parte de lo ordenado por la Sentencia T622-16 de la Corte Constitucional que en una decisión histórica consideró a este afluente como “objeto de derechos”.
Esta sentencia se convirtió en la primera de su tipo en Latinoamérica y la tercera en el mundo que ordena la protección de un río luego de decisiones similares en India frente a los ríos Yamuna y Ganghes, y Nueva Zelanda con el río Whanganui.
En 2015, el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna presentó una acción de tutela en representación de varios consejos comunitarios del departamento del Chocó.
La acción judicial les pedía a la Presidencia de la República, siete Ministerios, la Agencia Nacional de Minería y otras entidades del Gobierno (en total 26) adelantar acciones para salvar el Atrato del alto grado de contaminación de sus aguas y que ocasionó una grave crisis ambiental, ecológica y humanitaria.
Esto, argumentó el accionante, afecta los derechos a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas asentadas a lo largo del río Atrato, sus afluentes y territorios aledaños.
La sentencia
En su decisión, la Corte Constitucional ordenó proteger el Atrato como una entidad autónoma sujeta de derechos partiendo de la premisa de que “la tierra no le pertenece al hombre sino, por el contrario, es el hombre quien pertenece a la tierra”.
Por ello, la Corte –en una decisión que ha sido calificada de histórica en Colombia y el mundo– protegió los derechos “bioculturales” de las poblaciones afectadas, ordenó su protección, y consideró que “el río Atrato es una entidad viviente que sostiene otras formas de vida y culturas, es un sujeto especial que tiene derecho a la protección, conservación, mantenimiento y restauración”.
Además, dijo en la misma decisión que “se requiere garantizar los derechos de las comunidades”, es decir que al otorgarle derechos al río Atrato también se deben proteger los derechos de las comunidades que lo habitan.
Los derechos bioculturales son concebidos como “el derecho de las comunidades a administrar y ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios y los recursos naturales que conforman su hábitat”.
La importancia del Atrato
Desde el occidente de la Cordillera de los Andes hasta el Golfo del Urabá en el Mar Caribe, el río Atrato se extiende a lo largo de 750 kilómetros, de los cuales 500 son navegables, en el departamento del Chocó.
Su cuenca es uno de los territorios del mundo con mayor riqueza biológica, étnica y cultural. Comprende 33 municipios (19 en el Chocó, 14 en Antioquia) y es un paso obligado en el intercambio de fauna y flora.
Allí conviven varios grupos étnicos ancestrales integrados en 42 consejos comunitarios de comunidades negras que ocupan el 46,4% de toda la cuenca, y 91 resguardos indígenas que se asientan en el 27% de la misma.
El Atrato nace en el cerro Plateado, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, y desemboca en el mar Caribe. Su cauce es alimentado por más de 15 ríos y 300 quebradas que conforman su cuenca.
Además de ser el tercer río más navegable del país después del Magdalena y Cauca, es el más caudaloso de Colombia y una de las principales vías de comunicación del Chocó y una extensión de su economía, sus tradiciones y su cultura.
Generación tras generación, a orillas del Atrato y en los territorios aledaños se han asentado poblaciones enteras que viven de su riqueza natural, pero en las últimas décadas se han visto afectadas por economías ilegales de minería y explotación forestal.
La vida misma del río se ha visto afectada por la contaminación, la erosión, la acumulación de basuras, el vertimiento de residuos, la deforestación, el taponamiento de subcuentas y la pérdida de especies, todo esto sin contar los efectos del conflicto armado.
Guardianes del río
En su decisión, la Corte dio varias órdenes concretas al Gobierno nacional entre ellas la creación de la Comisión de Guardianes del Río integrada por representantes de la institucionalidad y 14 voceros de siete comunidades que buscarán salvar el río, hacer pedagogía de la sentencia y asegurar el cumplimiento del fallo.
Los planes de acción están encaminados a la eliminación de la extracción ilícita de minerales, la realización de estudios epidemiológicos y toxicológicos, el diseño e implementación de un plan de seguridad alimentaria y la descontaminación de las fuentes hídricas afectadas por el mercurio y otras sustancias tóxicas.