Consideran que más que un asunto de normas se requiere un cambio cultural sobre buenos hábitos alimenticios

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A pesar de que la obesidad es un problema que sigue ganando peso en Colombia varios proyectos que han sido radicados en el Congreso de la República para promover el acceso a información necesaria para fomentar entornos alimentarios saludables se han hundido.

Esta situación afecta particularmente a la población infantil, frente a lo cual se han tomado medidas por cuenta propia por algunas administraciones e instituciones educativas para erradicar de las tiendas escolares la denominada comida chatarra.

No obstante, son intentos que lucen tibios ante la dimensión del problema, pues los paquetes (papas, chitos, dulces) poco a poco han desplazado a los productos naturales en las loncheras escolares.

En los colegios públicos que atienden a más de 6 millones de niños y adultos en todo el país el problema de la comida chatarra es menor porque el Programa de Alimentación Escolar (PAE) tiene establecidos unos estándares de menús nutritivos.

Sin embargo, los escolares en todo tiempo están expuestos a la llamada comida chatarra. En las propias salidas de los colegios se ubican vendedores con toda suerte de golosinas, unas de dudosa procedencia y otras que saturan con su publicidad las pantallas de televisión.

La Wncuesta Nacional de Situación Nutricional realizada por el Ministerio de Salud en 2017 indica que el 60% de la población adulta en Colombia sufre de obesidad.

Este mismo estudio reveló que la prevalencia de sobrepeso u obesidad en niños de cinco a 17 años aumentó un 25,9% entre 2005 y 2010. Es así como se estima que uno de cada seis niños y adolescentes del país presentan sobrepeso.

La ONU señaló en 2017 que la publicidad engañosa para promover alimentos ultraprocesados para niños está generando graves problemas de obesidad en el país.

Precisamente en octubre del año pasado, los partidos que conforman la bancada alternativa en el Congreso radicaron el proyecto de ley No. 214 Cámara, por medio del cual se promueve el acceso a información necesaria para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no transmisibles.

La iniciativa le correspondió a la Comisión Séptima de la Cámara en donde al día de hoy ni siquiera cuenta con ponencia para primer debate.

El proyecto establecía que, con el objetivo de informar de manera clara y suficiente sobre los componentes que hacen parte de los productos comestibles o bebibles, los productores deberán declarar en el etiquetado si tiene azúcar, azúcares libres, y demás edulcorantes, sodio, grasas totales o saturadas.

Añade la iniciativa que la lista de ingredientes debe incluir todos los aditivos que cumplan o no función tecnológica en el producto, tal como está definida en la normatividad nacional. También deberá declararse en la etiqueta si sus ingredientes contienen organismos genéticamente modificados y especificar cuáles son estos ingredientes.

El proyecto de ley también afecta la publicidad de productos comestibles o bebibles ultraprocesados en las franjas infantil, adolescente y familiar por cualquier medio o entorno que pueda tener una audiencia de este grupo mayor al 20%.

Tampoco permite toda forma de patrocinio o auspicio por parte de empresas a programas educativos, programas de salud, actividades deportivas, actividades culturales, entre otros, que implique la promoción o exhibición por cualquier medio de marcas y productos comestibles o bebibles ultraprocesados.

Previamente fue radicado un proyecto de ley en similar sentido, el cual alcanzó a ser aprobado en segundo debate por la plenaria de la Cámara de Representantes. No obstante en esa oportunidad la directora ejecutiva de Red Papaz, una de las organizaciones impulsoras de la iniciativa, Carolina Piñeros Ospina, consideró que se “modificó al extremo los artículos significativos que lo fundamentaban”, entre ellos, el del etiquetado.

Añadió Piñeros que “hubo mucha presencia de Fenalco, la ANDI y la SAC durante la plenaria y lograron que en la última sesión se tumbara el cuerpo de la ley. Se han opuesto a una medida de salud pública”.

Tampoco prosperó en el Parlamento otra iniciativa de un impuesto a las gaseosas y otras bebidas azucaradas con el fin de bajar su consumo.

Cambio cultural

La representante a la Cámara, Ángela Robledo, quien fue una de las que acompañó en el Congreso la iniciativa que busca informar en las etiquetas de los productos los componentes y sus niveles de azúcar y otros edulcorantes, consideró en diálogo con EL NUEVO SIGLO que este tipo de iniciativas no han salido a flote porque “toca grandes intereses económicos en toda esa línea de los paquetes y las gaseosas, que son producidas por grandes empresas nacionales o multinacionales, y fundamentalmente la razón para mí es el mercadeo y es económica”.

Añadió que en el caso de la comida que expende en los colegios “es una responsabilidad, mientras hay leyes, de las instituciones educativas, que sí tendrían la capacidad de regular la venta de ese tipo de productos”.

Agregó la Parlamentaria que no todo se resuelve a través de leyes, “creo que hay transformaciones culturales que están al alcance de las instituciones educativas, que podrían modificar lo que ofrecen en las tiendas escolares, de hecho hay instituciones que ya lo hacen”.

Dijo que también es un ejercicio de corresponsabilidad que “inicia en la familia, que puede estar fortalecido en las instituciones educativas que es donde se puede regular un poco más esta tarea, y tiene que ver con los hábitos alimenticios que tenemos en Colombia, que muchas veces no son los más sanos”.

No todo son leyes

Por su parte el sociólogo Sanabria Fabián dijo a este Diario que el problema con el alto consumo de comida chatarra tiene que ver “una parte porque no nos han educado en lo que se llama seguridad alimentaria, creo que el país está en mora de plantearse una política en este sentido”.

Añadió además que el país no ha tomado conciencia que es rico en frutas y verduras, pues nuestra alimentación está basada en harinas. “Y damos un paso a la comida chatarra que es el complemento de haber mirado mucho hacia los Estados Unidos y no tanto hacia otras naciones del sur, por ejemplo, Argentina y Uruguay o Europa, en donde no puede faltar una ensalada en un almuerzo o en una cena”.

No obstante Sanabria consideró que es un problema de “educación y de cultura y de ver nuestros productos. Es que en este país tan leguleyo se cree que con un artículo y con una ley se arregla todo”.