Alfonso Gómez Méndez defiende la actual discusión sobre reforma a la justicia y frente al debate también de un ajuste en lo político, dice que se puede pensar en una modificación integral. Dice que la tutela no se va a desmontar. Sobre facultades de la Procuraduría, advierte que es momento de analizar su alcance. Habla sobre su discurso en la ONU sobre el tema antidrogas, explica lo hecho para atacar crisis carcelaria y cuál puede ser el impacto de la negativa de las medidas cautelares del caso Petro

 

EL NUEVO SIGLO:- ¿Qué sentido tiene hablar de una reforma a la Justicia cuando el Gobierno -más allá de que busque la reelección- está acabando y el Congreso está de salida?

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ:- Hay que precisar qué se entiende por reforma a la Justicia, porque la gente cree que la reforma a la Justicia es exclusivamente el tema constitucional, es decir la reforma constitucional que apuntaría a la estructura de poder y las altas Cortes. Ese es un aspecto apenas del problema. Pero en la reforma a la Justicia se aporta qué se debe hacer para que los ciudadanos tengan un mayor acceso a la justicia, para que los procedimientos sean más ágiles… Esa reforma la ha comenzado a hacer el gobierno Santos, para citarle ya algunos casos, con el Código Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso, que establece que las causas en Colombia, norma que comenzó a regir este año, no pueden durar más de un año en la primera instancia y 6 meses en la segunda. Todos los mecanismos de acceso a la Justicia, como las Casas de Justicia, como las Unidades Móviles de Justicia, todo eso apunta a que el ciudadano realmente tenga acceso a ella, a que se cumplan los términos procesales. Como lo he dicho: es la verdadera revolución judicial.

De manera que tenemos que ponernos de acuerdo de qué hablamos, cuando hablamos de reforma a la Justicia. Este Gobierno impulsó el arancel judicial y si bien la Corte Constitucional lo declaró inexequible, se alcanzaron a recaudar como 80 mil millones de pesos para la reforma a la Justicia. También estamos impulsando el Consejo de Política Criminal, para que la política criminal sea estable y no dependa de los vaivenes y las circunstancias del momento.

Ya en el tema propio de la reforma constitucional de la Justicia, pues sí hay unas ideas que se están agitando y en buena parte vienen de la reforma anterior, que se cayó por las razones ya conocidas. Esas ideas son el sistema de elección de los magistrados, la modificación del Consejo de la Judicatura, el establecimiento de la doble instancia, el replanteamiento sobre el juzgamiento de los aforados, básicamente lo que tiene que ver con la Comisión de Acusaciones. ¿Qué es lo que el Gobierno ha pensado en estas materias? Dejar las bases de lo que serían estos aspectos y, eventualmente, un proyecto para que lo discuta el Congreso a partir del 20 de julio y que lo pueda presentar el nuevo gobierno si es de su interés.

ENS:- Las altas Cortes siempre han sido muy exigentes en este tema de la reforma a la Justicia, ¿qué ha hablado con ellas?, ¿hay alguna propuesta?

AG:-Desde  luego que el Gobierno habla con las altas Cortes, lo hacemos al interior del Comité Interinstitucional de la Justicia, son  reuniones y conversaciones permanentes, pero también hemos sido muy claros: la reforma a la Justicia no debe hacerse necesariamente por consenso. De hecho, en la última reforma en buena parte tuvo sus dificultades porque se buscaron esos consensos que terminaron en lo que los medios creyeron que era una especie de favores mutuos, y se creó todo este ambiente que hizo que al final el gobierno del presidente Santos no publicara el acto legislativo. Pero desde luego que hay que hablar no solamente con los magistrados, vamos a hacer una serie de foros con los jueces, los fiscales, la academia, las asociaciones de abogados, pero siempre en el entendido que se recogen y se debaten ideas, pero la reforma políticamente es responsabilidad del Gobierno.    

ENS:- Cada vez que se habla de una reforma se prenden las alarmas frente a la tutela, y más aún con lo que se llamó el “tutelatón” en el caso de Gustavo Petro, ¿se tocará ese tema en la reforma?

AG:- Para que quede claro: la tutela es tal vez, sino el más, uno de los mecanismos de la Constitución de 1991 que más respeta y más admiran los ciudadanos. De manera que nadie ha pensado ni en desmontar la tutela, nadie ha pensado en quitarle dientes a la tutela, nadie ha pensado en despojar a los ciudadanos de ese mecanismo. Creo que eventualmente se puede presentar un proyecto para evitar los abusos que se hacen con el mecanismo, que la desnaturalizan, pero está fuera de discusión afectar la necesidad y la importancia de la tutela.

ENS:- Ahora también se habla de una reforma política a profundidad. ¿Entre ésta y la reforma a la Justicia, cuál debe ser prioridad en el Congreso?

AG:- Creo que se puede combinar, hay el ambiente para pensar en una gran reforma del Estado, una gran reforma del Estado que pase por la estructura del Congreso, que pase por el tema electoral, que pase por el tema de Justicia. Ya se han mencionado algunas ideas, por ejemplo, en mi caso, eso lo he venido planteando mucho tiempo antes de ser ministro de Justicia: creo que hizo crisis la circunscripción nacional del Senado, hubo muchos departamentos que por este mecanismo se han quedado sin representación en el Parlamento; hay que acabar con el voto preferente que ha encarecido sensiblemente las campañas políticas; tener mecanismos mucho más eficientes para controlar el chorro de dinero en esas mismas campañas electorales, redistribuir funciones. Creo que hay el ambiente para que se piense en todo eso.

ENS:- ¿Qué facultades electorales se les debe quitar a las altas Cortes y cuáles se les debe mantener?

AG:- Fundamentalmente se debe mantener la cooptación, es decir que al interior del poder judicial ellos mismos produzcan sus nombramientos, y quitarles todas las demás, que son totalmente ajenas a la función propiamente judicial que deben cumplir los magistrados, como lo hacen en todas partes del mundo.

 

Facultades del Procurador

 

ENS:- ¿En esa reforma a la Justicia debería incluirse la modificación de las facultades de la Procuraduría?

AG:- Ese es un tema que se puede tratar en algún momento; fue una decisión del constituyente del 91, yo fui Procurador antes de la Constitución del 91 y no tenía esas facultades. Estas facultades que hoy tiene el Procurador y que le acaba de reconocer el Consejo de Estado, en fallo de Alonso Salazar, pues fueron producto de la Constitución, de la cual hizo parte el M-19 en una proporción importante, pero puede ser el momento de que miremos hasta dónde pueden llegar estas facultades para destituir a personas popularmente elegidas. 

ENS:- En medio de la polarización política que atraviesa Colombia y de cara al proceso de paz, ¿cree que Colombia está lista para aplicar la Justicia transicional?

AG:- Desde luego, ya tenemos normas, de hecho ya hemos comenzado a  aplicar algunas, como la Ley de Víctimas, la Ley de la Restitución de Tierras; tenemos instrumentos de la Ley 418, que está presidiendo el Presidente con la convocatoria del Consejo Nacional de Paz; hay un Marco Jurídico para la Paz y hay la posibilidad de una ley estatutaria y pendiente esto de cómo avancen los acuerdos en La Habana.

ENS:- ¿Cómo cayó su discurso en la ONU sobre la lucha antidroga?  

AG:- Bien, fue lo que pude percibir porque lo que fundamentalmente nosotros dijimos es que Colombia ha honrado sus compromisos, honra sus compromisos, pero aunque hemos hecho todo lo que la comunidad internacional nos ha pedido, lo que observamos es que la estrategia hasta ahora no ha sido completamente  exitosa  como queríamos y, por eso, lo que el presidente Santos ha dicho es que reflexionemos sobre si no es el momento de repensar en nuevas estrategias, en nuevas aproximaciones al problema para ser mucho más eficaces.

 

Penas y cárceles

 

ENS:- ¿En el proyecto del Código de Policía cómo se está manejando el tema de los actos ciudadanos que antes eran contravenciones y ahora son delitos?  

AG:- Ese es un proyecto que está por profundizarse un poco más. Espero antes de presentarlo ante el Congreso, que se haga un análisis al interior del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria.

ENS:- Siguen los escándalos por libertades condicionales a  presos peligrosos, ¿qué se ha hecho al respecto?  

AG:- En lo que tiene que ver con el Ministerio de Justicia estamos ajustando los controles para que, por ejemplo, no se fuguen los presos peligrosos que a veces se fugan; pero hay que observar que en muchos casos son determinaciones de los jueces y el Gobierno no tiene instrumentos legales ni constitucionales para indicarles a los jueces cómo deben fallar. Pero sí he estado en reuniones con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para señalar estas alertas.

ENS:- ¿Es posible solucionar la crisis carcelaria si persiste la atomización sindical del Inpec?

AG:- Ese no es el problema principal, aun cuando es un problema, desde luego he hablado con ellos, es mucho más fácil inclusive negociar con un solo sindicato que negociar con 52, pero la crisis carcelaria es mucho más de fondo y lo planteamos en la discusión del Código Penitenciario: tiene que ver con la política criminal de la que hablábamos hace un momento, de que no todo se debe resolver por la vía de las cárceles.

Lo que hay también es que construir cárceles, ya estamos empeñados en eso: de aquí a 18 meses se deben hacer tres grandes cárceles regionales, una en Fundación, otra en Riohacha y otra en el eje Cafetero. Aquí el Estado dejó crecer este problema y estamos haciendo todo lo necesario con medidas a corto, a mediano y largo plazos.

ENS:- ¿Se recibirán presos de Guantánamo?

AG:-  Esa es una determinación de la Cancillería, y la señora Canciller ha dicho que apenas hubo una mención, pero que no hay realmente actos concretos, esperemos a ver si se concreta y cuando haya una decisión, deberá pasar por el Ministerio de Justicia.

 

Caso CIDH

 

ENS:- ¿Cuál cree que será el efecto real de la negativa a las medidas cautelares que se le concedieron a Gustavo Petro? 

AG:- Es un hecho que ha causado controversia interna y externa, el Gobierno pensaba que eso iba a ser así. Pero el presidente Santos estaba ante la disyuntiva de si atendía las medidas cautelares o desconocía todo el marco  jurídico colombiano, la institucionalidad colombiana, las decisiones de distintos jueces del tribunal de Cundinamarca, del Consejo de la Judicatura, de la Corte Constitucional y del propio Consejo de Estado, que es el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa. Espero que se nos entienda y que el Presidente, puesto en esta encrucijada, no tenía otra opción porque las consecuencias, entre otras, era una avalancha de demandas y de tutelas contra el Estado por los centenares de funcionarios, congresistas, gobernadores y alcaldes en circunstancias iguales, no por los mismos hechos, pero en circunstancias semejantes que habían sido destituidos e inhabilitados por la Procuraduría, desde la vigencia de la Constitución de 1991.

ENS:- El  vicepresidente Angelino Garzón dijo que Colombia quedó mal con esa decisión, ¿qué opina?          

AG:- Es una opinión respetable del vicepresidente Garzón, pero le recordaré el antecedente de México donde la Comisión concedió las medidas cautelares a un candidato presidencial, México no las acogió, por eso continuó ante la Corte, que es la que realmente toma determinaciones y no solamente recomendaciones, como la Comisión, y la Corte Interamericana decidió revocar esas medidas cautelares.