Por zanjada la polémica reforma de la ley de bosques de Brasil, con un veto parcial al texto aprobado en el Parlamento dominado por el poderoso lobby agropecuario, y que los ecologistas consideran un paso atrás en la protección de la Amazonía, dio la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff
La mandataria vetó nueve artículos de la ley, matizando los aspectos más radicales introducidos por la bancada agropecuaria del Parlamento para intentar impedir que impulse una mayor deforestación u otorgue una amnistía a quién deforestó, informó la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira.
"No amnistiar, no estimular deforestaciones ilegales", resumió Teixeira.
El texto definitivo de la reforma con los vetos fue publicado el miércoles de noche en el Diario Oficial como decreto presidencial.
Fue la última palabra de la presidenta para la polémica reforma que lleva años enfrentando a ecologistas y agricultores.
"El campo ha logrado la seguridad jurídica que necesitaba para producir. Se acabó la hegemonía ambientalista sobre las cuestiones del medio ambiente", declaró satisfecha a la AFP la presidenta de la Confederación Nacional de la Agricultura (CNA) y líder de la bancada agropecuaria del Senado, Katia Abreu.
Abreu defendió la reforma, incluso con los vetos, y aseguró que "Brasil continúa teniendo una de las leyes más rigurosas del mundo" para proteger los bosques.
Pero los ambientalistas consideran al nuevo Código Forestal un retroceso.
"El veto de la presidenta mejoró un poco el texto del Parlamento, que era horroroso, pero el resultado continúa siendo muy malo", dijo el responsable para Amazonía de Greenpeace, Paulo Adario, al estimar que la reforma es poco exigente en la recuperación de áreas deforestadas y reduce la protección del bosque, por ejemplo en áreas de ríos.
Para el especialista del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) André Lima, la ley otorga "muchas amnistías a pequeños productores que no serán penalizados por haber deforestado, y otros pueden seguir ese camino".
"Haga lo que haga la presidenta, podemos concluir que ganó quien deforesta, y perdió la sociedad", lamentó la excandidata presidencial ambientalista Marina Silva al inicio de la semana.
Para el gobierno, el debate quedó zanjado y comienza ahora la hercúlea tarea de regularizar el agro brasileño, "5,2 millones de propiedades, con un catastro ambiental rural que tendrá ser concluido en los próximos dos años", explicó el asesor especial de la ministra Teixeira, Luiz Antonio Carvalho./AFP