Una avioneta civil se accidentó el miércoles en la Amazonia ecuatoriana y cinco de sus siete ocupantes fallecieron, incluidos el piloto y un fotógrafo excolaborador de la AFP, según autoridades y un medio de prensa.
La nave tipo Cessna se precipitó a tierra cuando salía de la localidad de Sarayacu (200 km al sureste de Quito), donde horas antes una delegación ministerial había celebrado un acto oficial de disculpas públicas a indígenas sarayakus en cumplimiento de un fallo internacional.
Entre los ocupantes de la aeronave no figuraban ministros.
El director de Aviación Civil, Roberto Yerovi, precisó a Radio Pública que el piloto y tres pasajeros murieron, mientras el diario El Universo confirmó una quinta víctima mortal, el fotógrafo Paúl Navarrete, de unos 30 años y quien había viajado a la zona a cubrir la ceremonia para ese medio.
Las autoridades habían informado en un comienzo que seis personas viajaban en el aparato, pero luego varios medios confirmaron que en su interior también iba el reportero gráfico.
Navarrete, quien colaboró con la AFP entre 2006 y 2007, "se había desplazado a esa localidad amazónica para realizar un trabajo" periodístico, confirmó El Universo en su página electrónica.
La avioneta, que cubría la ruta entre Sarayacu y la población de Shell, en la provincia de Pastaza, se accidentó cuando intentaba despegar. Una aparente falla en el motor generó el siniestro, según Yerovi.
"Los dos sobrevivientes están en el hospital. Fueron llevados a Shell", próxima a Puyo, capital de Pastaza, declaró el funcionario.
El periodista de El Universo Christian Zurita, quien no viajaba en la nave, relató a ese medio que vio "salir humo" del aparato antes de que intentara regresar a la pista.
La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, quien encabezó la delegación oficial que se entrevistó con los sarayakus, se declaró consternada por el hecho.
"Muy triste y consternada por noticia" del accidente, escribió Zúñiga en su cuenta de Twitter, y extendió sus "condolencias" al pueblo Sarayacu y "familiares de víctimas".
Zúñiga y la ministra de Ambiente, Lorena Tapia, se habían desplazado temprano con miembros de la prensa hacia el lugar para ofrecer disculpas a los indígenas en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitida en 2012.
En su fallo, el tribunal, con sede en Costa Rica, consideró que el Estado ecuatoriano violó las garantías de los indígenas por negarles el derecho a la consulta y le ordenó ofrecer disculpas y retirar los explosivos enterrados en su territorio.
Asimismo, los indígenas recibieron una compensación de 1,2 millones de dólares, según el ministerio de Justicia.