A los 16 años de su muerte, el Gobierno nacional aplicó mediante decreto las sugerencias que reiteradamente hizo Álvaro Gómez Hurtado hasta días antes de ser asesinado (noviembre de 1995). El gran ideólogo nacional condenaba el exceso de firmas, con sus respectivas autenticaciones, impuesto a los colombianos desde el siglo XIX y aumentado de 1930 a 1946 durante la llamada “república liberal”. El Gobierno elimina el papeleo que hace malgastar tiempo y dinero e incluso prohíbe las autenticaciones de firmas que son una modesta pero cotidiana oportunidad de ingreso para los notarios.

Publicidad política
Nuevamente, la ex senadora Piedad Córdoba y las Farc someten el país a sus políticas de publicidad que hasta ahora les han producido algunos resultados. Anuncian la liberación, en dos meses, de seis miembros de la Fuerza Pública, pero otros seis continúan privados de la libertad, como ha sido su vida en manos de las Farc hace 10, 12 y hasta 14 años. Con su retorno a la existencia de seres humanos libres, los seis que siguen retenidos crearán quizás, a mediados de 2012, otro lapso de menciones periodísticas para la ex senadora Córdoba y las Farc.

Alarma costosa
Nada menos que $ 10 millones le costó al fisco anteayer la “información” sobre un presunto peligro de secuestro de una joven periodista del Canal Capital. Fueron movilizados para detener a los captores y liberar a la plagiada 10 mil policías en un ejemplo de eficacia que ojalá se realizara más a menudo. Hubo algo más: se detuvo la salida y el ingreso de automotores a la ciudad por dos horas. El gasto implicado por alarmas falsas es, ordinariamente, cobrado a quien lo causa. Si ese dinero es exigido, ¿quien pagará, la periodista o el canal Capital?