Argumentando insuficiente personal para custodiarlo, el general Gustavo Ricaurte, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), anunció a través de un comunicado que “no hará efectivo el permiso excepcional otorgado por el Juez 1ro Penal del Circuito de Bogotá al interno Álvaro Dávila”.

El abogado Dávila, exasesor de los Nule y acusado por la Fiscalía de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por el carrusel de la contratación en Bogotá, había obtenido un permiso de cinco horas para asistir el 1º de junio de 2013 a la primera comunión de un hijo suyo.

En el comunicado, el general Ricaurte explicó que el juez, teniendo en cuenta “la gravedad de los delitos imputados”, la asistencia de Dávila a la ceremonia religiosa y luego a un almuerzo familiar quedó supeditada a “la viabilidad de cumplir la autorización emitida”.

Ricaurte recordó que “el déficit de guardia, presupuesto y vehículos” ha ocasionado “retraso en la asistencia de los internos a las audiencias”; y que específicamente en La Picota, donde está recluido Dávila, “el déficit de personal de vigilancia y custodia es de aproximadamente 300”, por lo que “no se puede disponer de mínimo cinco unidades de guardia y vehículos para que trasladen a un interno a una situación diferente a la de una remisión médica, judicial o una calamidad”.

El alto oficial aclaró que este caso difiere del controvertido permiso concedido “por el juez 38 penal del circuito de Bogotá” a Manuel Francisco Nule, ya que en ese no se le “otorgó facultad discrecional de sustraerse de la orden”, reiterando que “si estas decisiones hubieran estado en mis manos no otorgaría esos permisos”.

Para la Fiscalía, Dávila fue clave en las irregularidades que rodearon la entrega irregular de multimillonarios contratos viales a un grupo de contratistas a una comisión durante la administración de Samuel Moreno.