Avanzó ayer la elección de los seis voceros que le corresponden al Congreso en el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, organismo que funciona como organismo asesor del Estado en esta materia. La Comisión Primera del Senado y la Comisión Segunda de la Cámara cumplieron este proceso; en tanto que se espera que hoy hagan lo propio la Comisión Segunda del Senado y la Comisión Primera de la Cámara.

La Ley 888 de 2004 establece que la representación del Legislativo en dicho Consejo será por medio de dos senadores (uno de la Comisión Primera y el otro de la Comisión Segunda); y cuatro representantes a la Cámara (dos de la Comisión Primera y dos de la Comisión Segunda).

En la Comisión Primera del Senado la coalición de gobierno se hizo sentir sobre el opositor Partido Centro Democrático, al resultar elegida con 12 votos por el Partido Liberal la exfiscal General, Viviane Morales, para integrar el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, derrotando la aspiración de Alfredo Rangel, quien solo obtuvo tres de los cuatro votos de su bancada en esta célula, teniendo en cuenta que no se encontraba presente José Obdulio Gaviria por quebrantos de salud.

"La crisis de la justicia en Colombia obedece a la falta de coherencia institucional. Esta posición me permitirá desarrollar una articulación entre el diseño de las leyes y la política criminal", señaló la ex Fiscal General de la Nación, luego de que su nombre fuera avalado por mayoría en la sesión de la Comisión Primera del Senado.

A la elección de Morales, siguieron los saludos de sus colegas. Roberto Gerlein (Partido Conservador) aplaudió la elección de la Congresista, a la que le solicitó que durante su gestión promueva una "política carcelaria más humana". Por su parte Claudia López, del Partido Alianza Verde, quien también acompañó con su voto la elección de Morales, demandó una rápida labor frente a la creación de instituciones públicas que permitan proveer servicios de justicia pública como comisarías y juzgados; porque "actualmente el 60% del territorio nacional carece de ellos".

Por su parte, la Comisión Segunda de la Cámara eligió al representante por La Guajira Antenor Durán Carrillo (Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO) y a la representante por Santander María Eugenia Triana Vargas (Opción Ciudadana).

Se estima que hoy la Comisión Primera de la Cámara de Representantes elegirá a los dos congresistas que harán parte del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, así como la Comisión Segunda del Senado.

Rol del organismo

El Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria está integrado por el Ministerio de Justicia, el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Director General de la Policía, el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y seis congresistas.

Como invitado permanente asistirá el Director del Departamento Nacional de Planeación o el Director de Justicia y Seguridad de dicha entidad, señala la norma.

Al Consejo podrán ser invitados funcionarios de otras entidades estatales y ciudadanos particulares cuya presencia sea requerida para la mejor ilustración de los diferentes temas sobre los cuales deba formular recomendaciones. Para el análisis de aspectos de política penitenciaria podrá invitarse a los representantes de las organizaciones civiles de reconocida experiencia e idoneidad en la materia.

En materia legislativa este organismo cumple un importante papel pues entre sus funciones se ocupa de avalar o no los proyectos de ley que modifiquen el Código Penal incrementando tipos penales o las penas. En varias oportunidades dicho Consejo se ha mostrado contrario a iniciativas parlamentarias en ese sentido, como cuando la entonces senadora Gilma Jiménez (QEPD) propuso establecer la cadena perpetua para los asesinos y abusadores de los niños.  

El Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria también tiene previsto entre sus funciones recomendar al Ministerio de Justicia la elaboración o contratación de estudios para establecer las causas y dinámicas de la criminalidad y el nivel de cumplimiento de la proporcionalidad, eficacia de la misma y de los fines de la pena.