Un proyecto de ley para reformar el Código Disciplinario Único está preparando la Procuraduría General de la Nación y en ese propósito el organismo abrió ayer los espacios de discusión.

Así lo confirmó el procurador Alejandro Ordóñez, en el primer ciclo 'Conversatorios jurídicos en derecho disciplinario 2014', en el que se analizarán posibles reformas al Código Disciplinario Único y al actual sistema jurídico para investigar las conductas de los servidores públicos.

“Hemos abierto la discusión con la tranquilidad de la academia de regular el régimen disciplinario”, dijo el Jefe del Ministerio Público. “El principio acusatorio de la investigación y juzgamiento, son temas tendientes a fortalecer el derecho disciplinario, adecuándolo a unas exigencias que se deben tener, para darle una mayor eficacia al combate a la corrupción y a la eficiencia administrativa", indicó.

Mientras que el procurador Delegado Juan Carlos Novoa, mano derecha de Ordóñez, dijo que los insumos que salgan de este ciclo con juristas y la academia, entre otros expertos, serán tenidos en consideración para la elaboración de dicho proyecto de ley.

Precisamente el segundo de estos ciclos abordará el tema del alcance del control de legalidad que tiene el contencioso administrativo sobre los actos administrativos del Procurador General.

Por su parte el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, señaló que el derecho disciplinario está hoy en boca de todos por cuenta de las últimas decisiones que se han presentado.

En este sentido, el Jefe del Ministerio Público hace referencia a la destitución que su despacho determinó del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro; así como al fallo del Consejo de Estado que tumbó la sanción de la Procuraduría al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, de destitución e inhabilidad por 12 años, cambiándola por una amonestación.

Ordóñez Maldonado sin hacer juicios de valores en esta ocasión puso sobre la balanza las dos posturas que han surgido luego de la polémica por la destitución de Gustavo Petro. Dijo que hay quienes proponen “suprimir el derecho disciplinario de nuestro ordenamiento jurídico, respetables quienes lo han expresado, otros quisieran adecuar el derecho disciplinario para fortalecerlo y para lograr que sea un instrumento eficiente y eficaz para combatir la corrupción y la ineficiencia administrativa”.

En enero pasado, el Procurador General ya había anticipado su intención de presentar un proyecto de ley para reformar el Código Disciplinario Único, al aceptar que tiene muchas falencias. En ese sentido dio puntadas de algunos aspectos de la iniciativa, como que el Ministerio Público investigaría y acusaría solo a los congresistas, en tanto que al Consejo de Estado correspondería la función de sancionar. Mientras que “los otros funcionarios que tienen única instancia es decir los aforados, como el alcalde Mayor de Bogotá, ministros, generales, embajadores, etc. sea una Sala la que los investigue y otra la que los sancione”, explicó en esa oportunidad.

Hoy además de los poderes que algunos consideran excesivos tiene el Procurador General para investigar y sancionar a los funcionarios, incluso con la destitución de los elegidos por voto popular, también está en discusión el Código Disciplinario Único por el confuso límite que existe entre la falta grave y gravísima así como por las fuertes sanciones de inhabilidad, que tienen un piso mínimo de 10 años.

En este sentido vale recordar que el Consejo de Estado calificó como desproporcionada la sanción de 12 años que le aplicó Ordóñez Maldonado a Alonso Salazar por supuestamente participar en política.

 

Mea culpa

Frente a la discusión por el alto número de años de inhabilidad que el Código Disciplinario Único, entre 10 y 20, establece como sanción para los funcionarios que incurran en las faltas previstas, el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar confesó que incluso él en su momento propuso que fuera 30 años.

“De ese monto de inhabilidades me culpo…Y no fueron de 10 a 20, propuse 30 años y voy a decir porqué. Porque revisé hojas de vida y vi que había funcionarios con tres y cuatro suspensiones, y eso parece que les daba una gran ‘experiencia’ para seguir ascendiendo. Dije esto hay que pararlo de alguna forma, se me pudo ir la mano, acepto la responsabilidad”.

Tras hacer esta acotación, Bernal Cuéllar propuso reformar la clasificación de las faltas que hoy existen en el Código Disciplinario Único, con base en la naturaleza de la falta y el rol del servidor público.

Añadió que es necesario hacer una clara diferenciación que determine cuáles son las faltas graves. “Creo que tendría que hacerse un catálogo cerrado de faltas graves y dejarse el catálogo abierto para faltas leves, hoy está abierto también para las graves”.

Añadió que en esta reforma también tendría que mirarse la estructura de una falta disciplinaria, cuáles fueron cometidas a título de culpa grave o gravísima y cuáles a título de dolo.

En cuanto a las penas propuso cambiar el actual sistema que va de un mínimo a un máximo, a uno en que exista solo un máximo y de allí el operador judicial pudiera dosificar la sanción de acuerdo a la gravedad de la falta.

Sin embargo, Bernal Cuéllar dijo que es necesario pensar en una reforma integral a la justicia. “Reformar solamente el régimen disciplinario y no modificar otros aspecto, me parece que vamos a desvertebrar la justicia”.

 

Propuesta de la Defensoría

Por su parte el vicedefensor del Pueblo, Esiquio Manuel Sánchez, dijo que al Legislador se le fue la mano al establecer el catálogo de las faltas gravísimas y las sanciones.

Frente a lo cual dijo que la alternativa es elaborar un nuevo catálogo en donde tengan cabida nuevos conceptos como la violación a los derechos humanos y de violación al Derecho Internacional Humanitario,

Un segundo catálogo de faltas contra el medio ambiente  y en tercer lugar las faltas de corrupción “para delimitar y sacar de todo ese cúmulo de faltas gravísimas, esa cantidad de comportamientos que se puede contemplar como faltas graves o como faltas leves”.

En ese sentido explicó que resulta absurdo que la violación a la reserva sumarial es motivo de destitución y de inhabilidad de 10 a 20 años. “Que la no contestación de un derecho de petición, que el incumplimiento de un crédito, en muchos casos, sea considerado falta gravísima”.  

En cualquier caso, el Vicedefensor del Pueblo dijo que cualquier reforma que se adelante debe tener en cuenta los avances que ha tenido el derecho disciplinario en el país y las conquistas que se han logrado en ese campo.

Añadió que las realidades constitucionales y los estándares internaciones ameritan una reforma de la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).

En ese sentido explicó que la propuesta de la Defensoría del Pueblo es hacer una revisión detallada de las 64 faltas gravísimas, “resulta desproporcionado y va en contravía del principio de razonabilidad el que se incluyan en ese tipo de 64 faltas disciplinarias, unas de suma gravedad y otras que no lo son tanto”.

Dijo que en  el Código Disciplinario hay “un Código Penal chiquito…Todo comportamiento delictivo cuando se comete con ocasión del ejercicio de la función y está regulado a título de dolo en el Código Penal, ya es falta gravísima en materia disciplinaria. Entonces se puede encontrar, por ejemplo, un peculado por uso: tomó el carro oficial para hacer el mercado. Entonces le aplicamos la ley penal pero además lo destituimos y lo inhabilitamos de 10 a 20 años”.

Dijo que ese análisis hay que hacerlo y estructurar unas nuevas categorías de faltas gravísimas que sean razonables y proporcionarles.

Propuso también revisar todas las sanciones porque no parece lógico que “las inhabilidades generales tengan la obligación de arrancar de 10 años, ¿por qué tienen que arrancar de 10 años, por qué una inhabilidad no puede arrancar de dos , de tres, de cuatro, cinco años?

 

 

Congresistas

El senador Eduardo Enríquez Maya se lamentó que el presidente Santos hubiera pedido hundir la reforma a la justicia en el año 2012 con el argumento que ésta tenía varios ‘micos’.

El Parlamentario conservador dijo que esta reforma contenía varios aspectos que hoy reclama el país como la doble instancia para los congresistas, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la supresión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

De otra parte se lamentó de que los congresistas en Colombia por mandato de la Constitución “estamos sometidos a una serie de investigaciones de distintas autoridades, con distintos procedimientos y con distintas sanciones”.

Explicó que incluso por un anónimo, los parlamentarios pueden ser investigados a la vez disciplinariamente por  la Procuraduría General, fiscalmente por la Contraloría General, penalmente por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de Estado en lo que tiene que ver con la pérdida de investidura.

Añadió que Colombia es uno de los pocos países del mundo en donde los parlamentarios no cuentan con inmunidad y doble instancia en su juzgamiento.

Finalmente señaló la urgente necesidad  de una reforma integral a la justicia que sea consensuada con las altas Cortes, el Gobierno, el Congreso, la Procuraduría y la academia.