LA NECESIDAD de desarrollar mecanismos y estrategias dirigidas a mejorar el relacionamiento entre las comunidades, las autoridades locales y las empresas del sector de hidrocarburos, es uno de los objetivos del Ministerio del Interior.

Por tal razón, la cartera puso en consideración el proyecto de decreto con el que se busca prevenir posibles situaciones conflictivas, la gestión inmediata de las situaciones de escalonamiento del conflicto, y el seguimiento integral de los acuerdos y compromisos adquiridos para la solución de estas.

Desde días atrás, el Ministerio ha venido liderando una iniciativa para atender el conflicto social, con el acompañamiento de las Naciones Unidas, y a través de convenios realizados con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, han surgido programas estratégicos que buscan facilitar estos procesos de acercamiento entre comunidad y sector minero-energético.

De estas reuniones nació un ‘Protocolo para la Atención de Alertas Tempranas y Protestas Sociales en el Sector de Hidrocarburos’, como “una herramienta diseñada para la gestión eficiente e inmediata de las situaciones de escalonamiento o crisis de los conflictos sociales, económicos, laborales y ambientales en el sector, la cual es parte integral del componente de prevención, transformación y atención de la conflictividad social en el marco de la Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible para el sector de Hidrocarburos, que viene implementando el Gobierno Nacional”.

El objetivo de este, explica el Ministerio del Interior, es establecer un marco de actuación con procedimientos claros, a ser implementados para la atención oportuna y efectiva de las alertas tempranas y protestas sociales, a partir de las funciones y competencias que legalmente le han sido atribuidas al Gobierno Nacional, así como a los gobiernos departamentales y municipales, garantizando el ejercicio del derecho a la protesta, manteniendo el orden público y preservando una normal convivencia ciudadana.

Resolución

El decreto está compuesto por tres artículos: el primero con el cual se adopta el protocolo y es de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas y privadas que intervienen en el mismo, a la luz de sus funciones y competencias. El segundo artículo indica que será revisado y actualizado como mínimo cada dos años. Y el tercero con el que entra en vigencia. “La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias”.

Este documento se divide en cuatro secciones. En la primera sección se describe brevemente la articulación del Protocolo a los demás instrumentos que componen la estrategia de prevención, atención y prevención de la conflictividad social en el sector de hidrocarburos.

“Uno de los objetivos de la Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible para el Sector de Hidrocarburos es normalizar las condiciones de la convivencia que hoy se presentan en los territorios donde hay operación del sector. El Gobierno Nacional ha comenzado a implementar una serie de iniciativas que hoy se articulan en una única estrategia que busca dar respuestas a esta situación desde tres enfoques: la prevención, la atención y transformación de los conflictos y el seguimiento a los compromisos adquiridos”, dice.

En la segunda parte se presenta un glosario con los principales términos y conceptos que son utilizados en el Protocolo, y en la tercera se definen los roles y responsabilidades de las entidades públicas y privadas que intervendrán en el Protocolo, a la luz de sus funciones y competencias.

Por ejemplo, “los gobernadores como agentes del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público, en aplicación del principio de subsidiariedad, asumirán la gestión de la situación, cuando no sea posible su solución en el nivel municipal o cuando los hechos ocurran en jurisdicción de dos o más municipios”.

Mientras que los alcaldes “como primera autoridad de policía en su municipio, pueden dar órdenes a la Policía Nacional en su jurisdicción dirigidas a restablecer y mantener el orden público”.

En la cuarta sección se detalla el paso a paso que propone Protocolo para la atención de alertas tempranas de protestas sociales en el sector de hidrocarburos, se presenta el flujograma del proceso y las herramientas que se requieren para la implementación efectiva del Protocolo.

“El protocolo para la atención de alertas tempranas de protestas sociales y en el sector de hidrocarburos se desarrolla en tres etapas: 1) identificación de la situación y análisis para la toma de decisiones; 2) gestión institucional de la situación, y 3) cierre de la situación tras el cumplimiento de acuerdos. Es importante precisar que el presente protocolo se activa ante la ocurrencia  de alertas tempranas de protestas sociales que requieren atención inmediata y que no es posible tramitar por los mecanismos preventivos diseñados”, expresa el documento.