El Vicedefensor del Pueblo, Esiquio Manuel Sánchez Herrera, advirtió que el Estado debe adelantar acciones en procura de mitigar los efectos que genera en la comunidad el ejercicio de actividades de minería ilegal y criminal.

"Estamos preparando acciones judiciales para verificar e impedir que se siga presentando la minería ilegal en gran parte del país, sobre todo en los departamentos de Boyacá, Antioquia, Cauca y Chocó", anunció el Vicedefensor del Pueblo, Esiquio Manuel Sánchez Herrera, luego de la tragedia en una mina ilegal ubicada en la vereda San Antonio, de Santander de Quilichao.

En el sitio han sido recuperados tres cuerpos sin vida y dos personas que resultaron heridas, pero siguen las labores de rescate para encontrar a entre 25 a 30 personas que están desaparecidas. Para ello, la Defensoría del Pueblo Regional Cauca continúa hoy en el lugar de los hechos, donde hay un puesto de mando en el que se coordina la atención a los familiares de las víctimas y desaparecidos, así como las labores de rescate.

"Desde cuándo ocurrió esta catástrofe funcionarios de la Defensoría han hecho presencia y acompañamiento a las familias víctimas de esta catástrofe. Son acciones humanitarias encaminadas a que las autoridades cumplan con las misiones de salvamento y actividades tendientes a que se minimice la actividad de la minería ilegal", agregó el Vicedefensor.

La Defensoría había emitido alertas ante la posibilidad de que se pudieran "presentar situaciones como estas tan lamentables en otros municipios y departamentos. El llamado es a las autoridades para que se concienticen de que este es un problema supremamente grave y hay que realizar actuaciones en procura de mitigar los efectos que genera en la comunidad el ejercicio de actividades de minería ilegal y criminal", indicó Sánchez Herrera.

Y explicó que "la Defensoría había solicitado a las autoridades que adoptaran las medidas necesarias para evitar el desarrollo de los procedimientos de minería ilegal, que traen consigo el tema de seguridad y en el que confluyen asuntos como el manejo de medio ambiente, del agua y la oxigenación en los socavones, así como el geográfico, que genera derrumbes como el que se ha presentado en Santander de Quilichao".

Acerca de la seguridad, Sánchez Herrera resaltó que en esta actividad ilegal actúan los actores armados ilegales que amenazan a la comunidad y a autoridades, "propiciando con eso que la actividad de minería ilegal se siga dando". Al respecto, rechazó las amenazas de las Farc al Secretario de Gobierno de Santander de Quilichao y al Alcalde de Timbiquí, quienes han actuado en contra de la minería criminal.

A juicio de la Defensoría del Pueblo es importante diferenciar claramente la minería ilegal, que se produce sin el cumplimiento de los requisitos; de la minería criminal o delictiva, que está relacionada con las acciones que adelantan los grupos armados ilegales.

Por último, el Vicedefensor indicó que "se hizo el llamado a los ministerios, sobre todo al de Minas y Energía, y a las autoridades, para que se adopten los mecanismos para mitigar o minimizar los efectos de la minería criminal e ilegal en Colombia".

La próxima semana la Defensoría participará en una reunión de alto nivel con el Ministerio de Minas para analizar la problemática y tomar medidas tendientes a que se termine la minería ilegal en el Cauca y otras regiones del país.