La Contraloría General de la República estableció un presunto daño patrimonial por $6.921 millones de pesos en la Gobernación del Casanare, al evaluar la ejecución de los recursos de regalías transferidos a este departamento en las vigencias 2012, 2013 y 2014.

En auditoría realizada en el segundo semestre de 2015, el organismo de control estableció 4 hallazgos con posible connotación fiscal por dicho valor, 8 de carácter administrativo y 4 más con presunta incidencia disciplinaria.

Dos de los hallazgos fiscales detectados suman $6.718 millones. El primero, por $3.539 millones corresponde a un posible sobrecosto por este valor en la compra de un lote de terreno de 10 hectáreas para proyectos de vivienda de interés social y prioritario en el municipio de Yopal, cuyo objeto era beneficiar a 667 familias.

El otro hallazgo fiscal relevante asciende a $3.178 millones y se da a raíz de una inversión por esta suma que realizó la Gobernación del Casanare para suministrar a los 68 colegios oficiales del departamento textos y otros elementos para mejorar la enseñanza y aprendizaje del inglés, sin a que la fecha se le haya dado uso a este material.

En el caso de la compra del lote, se determinó que valor real del terreno por hectárea es de $5.053.610 y la Gobernación de Casanare compró  a $390.040.000, lo que genera una diferencia por hectárea de $353.986.390, prestándose así el sobrecosto señalado.

Para la Contraloría, el valor estipulado por el perito evaluador no se ajusta al precio real del terreno de acuerdo a la normatividad establecida.

El organismo de control encontró que no se realizó un avalúo del predio ordenado por la administración departamental para conocer el valor real del mismo, previo a su adquisición, y se aceptó como válido el que practicó el vendedor.

La Gobernación de Casanare compró este terreno con base en un informe de avalúo comercial realizado por el perito evaluador, contratado por el vendedor (Agropecuaria Garzón López S.A.S.).

Además, se pagó como si fuera un predio urbano siendo rural, tal como aparece  en el certificado de tradición, sin embargo más adelante mediante acuerdo municipal dicho lote fue incorporado como urbano, incumpliendo con el procedimiento establecido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.