A través de un documento, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) consideró como gravísimo que hasta 1 billón de pesos llegarían las multas para más de 1.000 hospitales públicos.

Según la Asociación, “la información suministrada por los gerentes de más de un centenar de instituciones prestadoras de servicios de salud, algunas ya han sido notificadas de multas o de procesos en curso, que indefectiblemente los llevarán a ser condenados financieramente, por no tener laborizada su nómina”.

Acesi aseguró que según los cálculos de la Presidenta del gremio, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, “las multas, de darse el total de los fallos sancionatorios, sobrepasarían el billón de pesos, toda vez que en Colombia hay más de 1.000 hospitales a cargo del Estado”.

Zuluaga explicó que “desde luego los hospitales universitarios y departamentales, en su mayoría de tercer nivel, es decir, los más grandes, que son cerca de 50 distribuidos en los 32 departamentos ya han sido visitados por los inspectores de trabajo”.

Ellos avanzan en la recopilación de pruebas “por lo que lo más seguro es que terminen en multas cercanas a los 2.000 millones de pesos de no generarse una política coordinada entre los Ministerios de Trabajo y Salud”.

Además, “en el alto Gobierno la mano derecha no coordina con la izquierda. Por un lado, el Ministerio de Salud y la Supersalud nos exigen mesura en los gastos, haciendo especial énfasis en la contratación, mientras el Ministerio de Trabajo nos sanciona por no tener dentro de la nómina oficial a los profesionales de la salud”.

Y es que “esto ocurre en medio de la crisis más grave de la historia del sector hospitalario, a la mitad de una campaña electoral, con ley de garantías”.

Los hospitales públicos San Jorge y, ESE Pereira, en Antioquia, Metrosalud de Medellín, Marco Fidel Suárez de Bello, San Vicente de Paul en Caldas, San Juan de Dios de Abejorral, La Cruz de Puerto Berrío, San Rafael de Itagüí, San Antonio de Roldanillo, Valle, el Hospital Universitario de Santander y el San Juan de Dios de Floridablanca tendrían que pagar las sanciones de donde no tienen, lo que aceleraría un cierre inminente de parte de sus servicios, por falta de recursos para operar.