El Distrito afronta más de 8.000 procesos judiciales, en los que las pretensiones de los quejosos ascienden a un monto mayor a los 14 billones de pesos.

Las cifras se revelaron ayer en el Concejo de Bogotá durante un debate que se desarrolló bajo el título de “Efectividad de la defensa jurídica de la ciudad y daño antijurídico”.

El concejal Ómar Mejía, del Partido Conservador, denunció que esos recursos de 14 billones equivalen a 3 o 4 veces el cupo de endeudamiento y los ingresos por valorización, y cuestionó la labor que cumplen los abogados externos o de la Administración y cómo están defendiendo al Gobierno distrital desde el punto de vista jurídico.

Para el concejal Mejía, de no atenderse efectiva y oportunamente la defensa jurídica esto traería mayores demandas y litigios que desangrarían a la ciudad y generarían crisis económica, debido al alto grado de improvisación e incompetencia jurídica.

“Es importante a la hora de iniciar un proceso de imputación o sancionatorio aportar las pruebas, asegurarse y no precipitarse alrededor de versiones o conjeturas para determinar si el Estado actuó con negligencia o por omisión, cuando éste le ocasiona a un particular un daño”, declaró Mejía.