El arraigo del Clan Úsuga en Sincelejo se ha hecho evidente con el aumento de las diferentes las expresiones de violencia, donde según el Instituto Nacional de Medicina, a 30 de septiembre la cifra de homicidios supera el acumulado del año anterior, con 44 muertes violentas.

Así lo estableció una investigación realizada por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

El documento señala que de un contexto de confrontación entre grupos post desmovilizados o bandas criminales, se pasó a otro de consolidación de un actor predominante, como es el llamado Clan Úsuga, más conocido en la región bajo el nombre de Autodefensas Gaitanistas.

El estudio realizado por la Defensoría permitió establecer que en el ámbito urbano, hay evidentes condiciones de peligro en los sectores periféricos de las comunas 1,6,8 y 9, particularmente en barrios como Altos de la Sabana, Bogotá, La Pollita, la Esmeralda, El Cocuelo, Simón Bolívar, Bellavista, Costa Azul, El Edén, El Poblado y Villa Madis, donde la cooptación de pandillas juveniles y estructuras de la criminalidad organizada ha potencializado el desarrollo de economías ilegales mezcladas con el ejercicio de la violencia.

En estos sitios, son comunes actividades como la instrumentalización de jóvenes para ejercer labores de vigilancia y para el expendio local de estupefacientes en la modalidad de venta a domicilio (a cambio del supuesto pago de mensualidades entre los 800 mil y el millón de pesos), sumado ello a la explotación sexual que en algunos casos se ejerce contra adolescentes de entre 14 y 18 años, quienes son abusadas con fines económicos al estilo del mal llamado “prepago”.

También se observan en estas comunas de Sincelejo fenómenos como las amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos, las cuales se dan de manera individual a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos, así como de forma colectiva mediante la distribución de panfletos, situación que se suma al desplazamiento de personas desmovilizadas y sus familias.

“Ya en las zonas rurales, el escenario de riesgo está fundamentalmente asociado al control de los corredores estratégicos para el  transporte y embarque de narcóticos por las rutas que conectan las áreas de cultivo en el sur de Córdoba y el Urabá, con los puertos naturales ubicados en el Golfo de Morrosquillo, los municipios de Tolú y San Onofre, así como la zona costanera de Córdoba, actividad que pone en peligro a las comunidades que habitan corregimientos como Cerrito La Palma y Laguna Flor”, señaló la Defensoría.