Limitar, alpunto de poner en grave riesgo, la existencia de la Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) será la consecuencia de la aprobación de la actual reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Así lo advirtieron en carta al presidente Juan Manuel Santos y la canciller María Ángela Holguín, varias organizaciones no gubernamentales como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), la Misión de Observación Electoral (MOE), la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Transparencia por Colombia y la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (ANDIARIOS).

Las organizaciones le solicitaron a los altos funcionarios que Colombia “siente una posición firme de rechazo a las propuestas de reforma que afecten la independencia financiera de la RELE” ya que, para estas organizaciones, ha faltado claridad en la posición frente al tema.

En su carta las organizaciones plantean la existencia de contradicciones entre el discurso del presidente Santos y las más recientes declaraciones de la Canciller frente a esta reforma al Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH).

Por un lado, Santos afirmó el 22 de agosto de 2012 que no se apoyaría una reforma que afecte la independencia financiera de la RELE al decir que “no podemos retroceder en la labor que ha avanzado esta relatoría, y por eso apoyamos su independencia financiera, sin perjuicio de que otras de las relatorías reciban un apoyo mayor por parte de los Estados miembros.”

Más recientemente el 18 de marzo de 2013 Santos anunció: “Pero se trata en todo caso, y quiero dejar eso muy claro, de fortalecer y no de debilitar, y por eso Colombia no comparte, no compartimos posiciones extremas, ni tampoco compartimos la tentativa de debilitar por ejemplo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cuyo papel ha sido crucial, ha sido fundamental para proteger esta libertad tan importante para el desarrollo democrático de nuestros pueblos”.

“Por supuesto”, dijo entonces Santos, “esto no significa que otras relatorías no puedan o no deban recibir un apoyo mayor por parte de los Estados miembros”. De acuerdo a lo citado por las ONG, el gobernante agregó: “Pero lo dije entonces y lo repito hoy, que estamos a portas de una decisión, de una discusión sobre esto en particular. Y quiero hacerlo ante ustedes los honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: en lo que a Colombia se refiere ,en lo que a nuestro país se refiere, nuestra postura de defensa y protección de la libertad de expresión no tiene ni tendrá fisura alguna”.

En la carta se recordó que “por su parte, la canciller afirmó recientemente en una entrevista hecha por la revista Semana que “en cuanto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el punto que se ha discutido es sobre su financiamiento, más que otra cosa, porque los recursos que reciben otras relatorías como la indígena, la de mujer o de niños, son infinitamente inferiores y las relatorías deberían tener un mismo estándar. Vamos a ver qué pasa, porque no queremos que esto genere divisiones dentro de la misma OEA, en donde ya hay complicaciones”.

Las preocupaciones que manifiestan las ONG no paran solamente por los discursos contradictorios. Según la misiva, la posición adoptada por Colombia en la Reunión de Estados Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos realizada en Guayaquil la semana pasada fue blanda.

Según Camilo Sánchez, vocero de Dejusticia, “una posición enérgica hubiera sido rechazar el texto de Guayaquil, o si acaso haber hecho notas aclaratorias sobre su posición tal como lo hicieron Paraguay y Panamá”.

Sánchez anotó que “Colombia dice que logró bajarle el lenguaje a la propuesta de Ecuador”, de uno más impositivo a uno más sugerente o de recomendaciones, “y con eso se tranquiliza. A mi juicio, eso resulta siendo funcional a Ecuador y su objetivo de eliminar la independencia financiera de la Relatoría para la Libertad de Expresión.”

Según lo precisaron las organizaciones, a través de un comunicado, hay que recordar que actualmente, los recursos que los Estados entregan a la CIDH sirven para financiar menos del 50 por ciento de su operación. Si no se permite que estos órganos reciban recursos de cooperación, significaría recortar aproximadamente el 50 por ciento de las actividades de las relatorías. Además de esto, se debe recordar que los pocos dineros que destina la CIDH a relatorías van a las oficinas de indígenas, mujer y niños, entre otras que no gestionan recursos propios.

Cuenta regresiva

Mañana es la fecha límite para que los Estados miembros de la OEA acuerden modificaciones al SIDH.

Impacto

Para las ONG, la reforma tramitasa limita, al punto de poner en grave riesgo, la existencia de la RELE; deja sin herramientas a la CIDH para defender a los ciudadanos de los abusos del poder de los Estados; y legitima un procedimiento de reforma que no cumple los procesos técnicos estipulados por la misma CIDH.

CIDH

La CIDH, creada en 1959, es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el objetivo de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo en dicha materia.

Además de la defensa individual de los derechos humanos, la Comisión ha logrado una protección adicional y efectiva a los derechos de personas y grupos tradicionalmente discriminados como las mujeres, los afrodescendientes, pueblos indígenas, pobres, personas privadas de la libertad y la población LGBTI.

RELE

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) es una oficina que asesora a la CIDH para evaluar casos relacionados con violaciones a la libertad de expresión, hace recomendaciones, visitas oficiales a países y produce informes sobre la situación de la libertad de expresión en el hemisferio.

Ecuador y Venezuela

A finales de 2012, Ecuador, que encabeza la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), presentó una serie de propuestas de reformas radicales que implicarían, en la práctica, la eliminación de las acciones de protección de la CIDH y de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Durante los últimos meses la cancillería ecuatoriana ha viajado país por país para conseguir los votos suficientes para lograr esta reforma. En Colombia la reunión de las cancillerías de Ecuador y Colombia se realizó el viernes 1 de marzo.