La alimentación escolar de los niños está contaminándose de los intereses políticos, advirtió el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Luis Enrique García.

En declaraciones entregadas a los medios de comunicación, el funcionario manifestó que “n vamos a permitir que esto se convierta en un negocio y que los alimentos no lleguen a los niños. El MEN ha tomado medidas nunca antes vistas en los 30 años del programa. Por ejemplo, en Chocó ya iniciamos la suspensión del contrato de uno de los operadores más grandes".

Sobre este polémico tema que has despertado las alertas entre las autoridades gubernamentales, el secretario de Transparencia para la Presidencia, Camilo Enciso, le dijo a EL NUEVO SIGLO que desde su despacho se viene haciendo una verificación de los contratos  suscritos por algunas de las fundaciones que se han visto involucradas con las denuncias en particular en los departamento de Chocó y Antioquia.

“Hay una fundación de nombre Fungescol, que ha logrado acumular contratos que se acercan a los 30 mil millones de pesos durante los últimos años, que es en particular la fundación que ha estado en el ojo del huracán por las denuncias de alimentación en mal estado que han entregado a los niños del Choco”, manifestó.

El funcionario aseguró que la fundación tiene un revisor fiscal que en agosto de 2014 cayó en una redada de la fiscalía general en contra de políticos, líderes sociales y contratistas que podrían tener alguna relación con grupos paramilitares de la región de Urabá.

Enciso aseveró también que también se está haciendo un monitoreo especial a otras personas jurídicas que han venido contratando con el Estado, “pero la alerta no se limita a lo que ha venido ocurriendo con fundaciones que tienen este tipo de contratos de alimentación escolar, sino también la alerta la estamos haciendo con relación a las cooperativas o asociaciones que suscriben este tipo de contratos, no solo para alimentación escolar, sino también para complemento alimentación  para los adultos mayores”.

Manifestó que allí se visto que se requiere una investigación diligente por parte de los entes de control y que amerita una verificación con lo que está ocurriendo  por parte de los interventores y supervisores de los contratos. “Hay algunas cooperativas que han logrado acumular por lo menos contratos que ascienden a más de 230.000 millones de pesos, durante los últimos años”.

Pero la alerta también la viene divulgando Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) quien denunció mafias detrás de los programas de alimentos.

"La mafia de los alimentos de los niños y niñas es más difícil de combatirla que la mafia del mismo narcotráfico, porque hay muchas presiones. Hay funcionarios que hacen parte de las mismas. Hay presiones políticas y también falta control y por eso es que llevamos tanto tiempo viendo cómo no se le entrega la mejor comida, la comida con calidad a los niños del país", señaló Plazas en un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara.